Ciudad de México, 21 de mayo de 2026.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró en la conferencia mañanera el compromiso de su administración con el principio de “cero impunidad” tras las recientes detenciones de alcaldes y funcionarios municipales relacionados con redes de extorsión y crimen organizado.
Sheinbaum destacó que estas acciones forman parte de una estrategia que no distingue partidos políticos y que responde a las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR). En este contexto, mencionó casos en estados como Jalisco, Estado de México y Morelos, donde se han desarticulado presuntas redes criminales vinculadas al cobro de piso y extorsión.
Además, la mandataria federal hizo énfasis en la necesidad de contar con pruebas contundentes para proceder en investigaciones de alto perfil, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.
Cero impunidad en detenciones municipales
El gobierno federal mantiene una política clara de actuar con base en evidencias y sin protección hacia funcionarios públicos involucrados en actividades ilícitas. La jefa de Gobierno explicó que, aunque la mayoría de los casos recientes corresponden a miembros de Morena, no hay distinción partidista en las investigaciones.
Este enfoque busca atender las causas de la inseguridad y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, reforzando la confianza en las instituciones y el Estado de derecho.
El caso Rocha Moya y la exigencia de pruebas
En relación con Rubén Rocha Moya, Sheinbaum reiteró que la Fiscalía General solo actuará con base en pruebas sólidas y evidencias claras. Recordó que México ha rechazado solicitudes de extradición por falta de pruebas y defendió la soberanía nacional y la presunción de inocencia.
Rocha Moya solicitó licencia para no entorpecer las investigaciones, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de manera preventiva y dos exsecretarios se entregaron en Estados Unidos.
La postura del gobierno busca equilibrar la acción contra la corrupción con el respeto al debido proceso, evitando presiones políticas o mediáticas en casos sensibles.
Este contraste entre la aplicación de “cero impunidad” en detenciones municipales y la cautela en casos de alto perfil ha generado críticas por supuesta defensa selectiva, aunque las autoridades insisten en la igualdad ante la ley.
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