Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal podría brindar apoyo al estado de Puebla ante las denuncias de corrupción en el penal de San Miguel. Esta situación ha generado manifestaciones por parte de familiares de internos.
Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que el penal está bajo la administración del gobierno estatal y que el gabinete de Seguridad federal mantiene comunicación constante con las autoridades poblanas para conocer el desarrollo de los hechos.
La mandataria aclaró que cualquier intervención de las fuerzas federales en el centro penitenciario deberá ser solicitada formalmente por el gobierno de Puebla. Recordó que en otros penales del país, como en Sinaloa, existe una presencia permanente de fuerzas federales para retirar objetos prohibidos como teléfonos celulares.
Contexto y antecedentes de la situación en el penal de San Miguel
Las denuncias de corrupción en el penal de San Miguel han sido motivo de preocupación debido a las protestas de familiares que exigen acciones para mejorar las condiciones y erradicar irregularidades. La comunicación entre los niveles de gobierno busca atender estas demandas y evitar que la situación se agrave.
Por su parte, el gabinete de Seguridad federal también informó que investigará el asesinato de un aspirante de Morena a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, así como el ataque contra un alcalde en funciones. Se espera que en próximos días se den a conocer detalles sobre estos hechos y las identidades de las víctimas.
Apoyo federal y próximos pasos en seguridad penitenciaria
El ofrecimiento de apoyo federal a Puebla representa un posible refuerzo en la vigilancia y control del penal de San Miguel. La coordinación entre autoridades estatales y federales será clave para atender las denuncias y garantizar la seguridad dentro del centro penitenciario.
Se prevé que el gabinete de Seguridad continúe evaluando la situación y que cualquier intervención se realice conforme a los protocolos legales y con la solicitud expresa del gobierno de Puebla. Mientras tanto, las manifestaciones y denuncias seguirán siendo un foco de atención para las autoridades.
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