Ciudad de México, 16 de julio de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lanzó una licitación consolidada para el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos destinados a más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El proceso busca reducir costos públicos mediante la concentración de la demanda y la obtención de mejores condiciones económicas.
El concurso público electrónico, identificado con la clave LA-06-400-006400001-N-11-2026, contempla un contrato con vigencia de 48 meses, financiado con recursos de los ejercicios fiscales 2026 a 2030. Las unidades solicitadas incluyen automóviles sedán, camionetas tipo pickup y SUV, motocicletas, autobuses, camiones, tractocamiones, montacargas y vehículos especializados para seguridad y transporte de carga.
Durante la apertura de propuestas el pasado 10 de julio, la SHCP recibió 11 ofertas de empresas especializadas en arrendamiento vehicular, entre ellas A2DAHT Health México, Capital Rent, Casanova Vallejo, Grupo Turbofin y otras. La amplia participación incrementa la competencia y favorece la obtención de mejores precios y servicios para las dependencias involucradas.
Este modelo de compras consolidadas busca aprovechar economías de escala para fortalecer el poder de negociación del gobierno federal. Además, el esquema traslada a los proveedores responsabilidades como el mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, verificaciones y la sustitución de unidades cuando sea necesario, lo que garantiza la continuidad operativa sin que las dependencias tengan que destinar recursos para la compra directa de vehículos.
El fallo de esta licitación está programado para el 31 de julio, y el inicio del contrato se prevé para el 28 de agosto. La SHCP indicó que este procedimiento servirá como referencia para extender el modelo de compras consolidadas a otros bienes y servicios, como equipo de cómputo, papelería, servicios de limpieza, fumigación, medicamentos y equipo médico.
Licitación consolidada y ahorro público
De esta forma, se espera un ahorro significativo para el erario y una mayor eficiencia en la administración de recursos públicos.
Supervisión y transparencia
El proceso cuenta con la supervisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y se realiza conforme a los mecanismos establecidos en la Ley de Adquisiciones. Esto garantiza transparencia y legalidad en la contratación pública.
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