
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.- Senadores de Morena, PAN, PT, Movimiento Ciudadano y PVEM solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al Instituto Nacional Electoral (INE), al DIF, tribunales estatales y partidos políticos establecer un mecanismo para verificar que los candidatos a cargos de elección popular en 2027 no tengan antecedentes de violencia.
La petición se basa en la fracción VII del artículo 38 de la Constitución, que suspende los derechos político-electorales a personas con sentencia firme por delitos intencionales contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, violencia familiar, violencia política de género o ser deudores alimentarios morosos.
Este artículo establece que quienes incurran en estos delitos pierden temporalmente el derecho a votar, ser votados o ocupar cargos públicos hasta que reparen el daño o cumplan sus obligaciones.
Los legisladores argumentaron que persisten diversas formas de violencia en ámbitos sociales, económicos y políticos, incluso por parte de servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas. Por ello, consideran indispensable reforzar los mecanismos que permitan comprobar que quienes aspiren a cargos públicos no tengan antecedentes de violencia familiar, sexual, política o morosidad alimentaria.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) del INE concentra a quienes tienen resoluciones firmes en materia electoral. Al 11 de septiembre de 2026, este registro incluye a 465 personas, entre autoridades municipales y estatales, con 386 hombres y 79 mujeres sancionados.
Importancia de verificar antecedentes para elecciones 2027
La iniciativa busca garantizar que los candidatos cumplan con los requisitos éticos y legales para desempeñar cargos públicos. Así, se protege la integridad del proceso electoral y se evita que personas con antecedentes de violencia accedan a puestos de representación popular.
Mecanismos y seguimiento para la verificación
La propuesta exhorta a las instituciones involucradas a coordinarse para emitir constancias que acrediten la ausencia de dichos antecedentes en los aspirantes. Este paso es fundamental para garantizar la idoneidad de los candidatos y fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones de 2027.
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