Ciudad de México, 16 de julio de 2026.- Senadores de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitaron a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que pida licencia al cargo tras la difusión de audios en los que se le escucha presuntamente en conversaciones telefónicas con funcionarios de Estados Unidos.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, señaló que la gravedad de los hechos radica en que la gobernadora reconoció la autenticidad de los audios, donde se confirma la revocación de su visa estadounidense, un hecho que no ocurre sin razones de alta gravedad. Además, en uno de los audios, Ávila ofrece entregar información confidencial del Estado mexicano obtenida en mesas de seguridad a cambio de impunidad.
Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, pidió que la mandataria comparezca ante la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir cuentas. Añorve afirmó que Morena enfrenta una crisis interna y que la situación refleja intentos de algunos funcionarios por protegerse ante las acusaciones.
Claudia Anaya, senadora del PRI, mencionó que la gobernadora podría haber incumplido con la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a los servidores públicos a notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre reuniones con agentes extranjeros, permitir la presencia de un representante de esa dependencia y presentar informes detallados al Consejo Nacional de Seguridad Pública. De confirmarse estas irregularidades, se deberá abrir una investigación formal.
Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, criticó lo que calificó como un doble rasero en el gobierno federal respecto a casos similares. Señaló que, a diferencia de otros casos, en este no se ha hablado de una posible renuncia ni de acusaciones formales de traición a la patria, a pesar de que se evidencian violaciones a la ley.
Reacciones y exigencias en el Senado
Los legisladores coincidieron en la necesidad de que la gobernadora explique no solo el contenido de las llamadas, sino también la naturaleza de sus encuentros con autoridades extranjeras. Además, insistieron en que la situación amerita una investigación exhaustiva para aclarar posibles actos irregulares y garantizar la transparencia en el manejo de información sensible para la seguridad nacional.
Implicaciones legales y políticas
El caso ha generado preocupación sobre la posible vulneración de protocolos legales en materia de seguridad nacional y diplomacia. La revocación de la visa estadounidense a la gobernadora y las grabaciones filtradas podrían tener repercusiones políticas y jurídicas significativas para la administración estatal y la relación con el gobierno federal.
El seguimiento de esta situación dependerá de las acciones que tome la Fiscalía General de la República y la Comisión Permanente del Congreso, que evalúan la apertura de carpetas de investigación por posibles delitos relacionados con la seguridad nacional y la traición a la patria.
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