Lima, Perú, 22 de octubre de 2026.- El Senado de Perú aprobó un proyecto de ley que otorga a la presidenta Keiko Fujimori facultades para dictar leyes anticrimen sin pasar por el Congreso durante 90 días. La medida busca enfrentar la creciente crisis de seguridad que atraviesa el país, con un aumento significativo de homicidios y extorsiones.
Con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, el Senado autorizó a Fujimori a legislar en áreas como control migratorio, uso de armas y reforma del sistema penitenciario. Además, podrá desplegar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en la lucha contra el crimen organizado cuando esta última se vea superada.
El pleno del Senado indicó que esta delegación legislativa también incluye acciones para enfrentar el fenómeno climático El Niño, que ha provocado inundaciones en la región de Piura y ha incrementado los incendios forestales en los Andes y la Amazonía.
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Leyes anticrimen Perú: facultades y controversias
Entre las nuevas atribuciones, Fujimori podrá crear un registro de organizaciones criminales que usen tácticas similares al terrorismo. También podrá aplicar técnicas especiales de investigación, perseguir el patrimonio de estas organizaciones y juzgarlas. Sin embargo, la oposición advierte riesgos de abusos por parte de las Fuerzas Armadas al intervenir en seguridad interna.
La senadora Ruth Luque expresó preocupación por posibles violaciones a derechos fundamentales y sugirió limitar la participación militar en tareas policiales. Por su parte, Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, reconoció los avances en la ley pero señaló que aún faltan medidas para enfrentar la crisis.
Impacto en seguridad y próximos pasos
La ley ahora será enviada a Fujimori para su promulgación. La presidenta, quien asumió el poder en julio, prometió combatir la delincuencia con mano dura, similar a la política de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. La medida busca responder a la peor crisis de seguridad en Perú desde el conflicto armado interno de 1980-2000.
Además, la autorización para enfrentar el fenómeno El Niño permitirá implementar acciones urgentes ante las emergencias climáticas que afectan al país. La aplicación de estas facultades será clave para evaluar su impacto en la seguridad y estabilidad social en los próximos meses.
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