Ciudad de México, 28 de mayo de 2026.- El Senado de la República recibió una iniciativa para reformar la Constitución y aplazar la elección judicial federal al primer domingo de junio de 2028, con el fin de evitar la coincidencia de múltiples procesos electorales.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por legisladores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen.
En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general y particular, en una sesión marcada por la controversia debido a la aprobación de una reserva que permitirá la reelección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Morena y aliados defendieron la reserva, argumentando que busca homologar el trato de magistrados con otros funcionarios judiciales, mientras que legisladores de oposición y algunos aliados criticaron la medida por considerarla un “albazo” y contraria al espíritu de la reforma judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advirtió que el aplazamiento refleja la inviabilidad del diseño original de la elección judicial y alertó sobre posibles consecuencias negativas para el sistema de impartición de justicia en México si no se corrige la reforma aprobada en 2024.
Modificaciones clave en la reforma constitucional
La reforma contempla modificaciones a los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución. Además del aplazamiento de la elección judicial, se aprobó una reserva para que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo presidencial, evitando así coincidencias con elecciones federales.
Funcionamiento de la Suprema Corte y mandatos judiciales
También se autorizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcione en dos secciones además de sesionar en Pleno, manteniendo su integración de nueve ministros. Asimismo, se estableció que los magistrados y jueces electos en 2028 tendrán un mandato de ocho años, hasta 2036.
Las legislaturas estatales deberán armonizar sus constituciones y leyes secundarias para adecuarse a estas reformas en plazos de 60 y 90 días naturales, respectivamente, tras la entrada en vigor del decreto.
El dictamen fue aprobado con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, y ahora se encuentra en el Senado para continuar su proceso legislativo.
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