Ciudad de México, 10 de agosto de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un plazo de 180 días hábiles para que las autoridades federales expidan el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Esta resolución responde a una demanda presentada por integrantes de la comunidad pesquera de Las Barrancas, en Alvarado, Veracruz, quienes reclamaron la omisión del Ejecutivo Federal para emitir dicho reglamento.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó el proyecto que destaca la importancia de proteger a las comunidades pesqueras y los ecosistemas marinos. Señaló que estas comunidades tienen una identidad cultural y social estrechamente ligada a la pesca, por lo que la falta de un reglamento afecta su derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4º de la Constitución.
El proyecto resuelve que la omisión reglamentaria ha persistido por más de 18 años, lo que impide la aplicación efectiva de medidas de conservación, ordenamiento, inspección y vigilancia de los recursos pesqueros. Por ello, la SCJN concedió la protección de la Justicia Federal a la comunidad de Las Barrancas y fijó un plazo para que se realicen los trámites necesarios para la expedición y publicación del reglamento.
Impacto en comunidades pesqueras y medio ambiente
La emisión del reglamento es fundamental para garantizar la sustentabilidad de la pesca y acuacultura en México. Además, permitirá proteger los ecosistemas marinos que son vitales para la biodiversidad y el sustento de las comunidades costeras. La resolución de la SCJN representa un avance en la defensa de los derechos ambientales y sociales de estos grupos.
El municipio de Alvarado, Veracruz, es uno de los principales afectados por la falta de regulación, ya que su economía depende en gran medida de la pesca. La comunidad de Las Barrancas ha insistido en la necesidad de contar con un marco legal que regule y proteja sus actividades productivas y culturales.
Próximos pasos para la expedición del reglamento de pesca
Con la sentencia, las autoridades federales tienen la obligación de iniciar el procedimiento para elaborar y publicar el reglamento en el plazo establecido. Esto implica la coordinación entre dependencias para cumplir con los requisitos legales y técnicos que permitan su aplicación efectiva.
La resolución también sienta un precedente para otras comunidades pesqueras que enfrentan problemas similares por la falta de regulación. La SCJN reafirma así el papel del Poder Judicial en la protección de derechos ambientales y sociales frente a omisiones administrativas.
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