Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los cargos relacionados con el incendio en la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, son imprescriptibles. Este fallo permite que continúe la investigación penal contra los presuntos responsables.
El caso involucra a Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien fue vinculado a proceso en 2020 por su posible participación en delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión durante la tragedia que dejó 49 niños fallecidos.
Salazar presentó un juicio de amparo argumentando que los delitos que se le imputan habían prescrito. Sin embargo, la SCJN declaró infundados estos argumentos y devolvió el asunto al Tribunal Colegiado para que continúe con el análisis conforme al nuevo criterio.
El proyecto de amparo, presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, subraya que la acción penal es “imprescindible”, ya que el paso del tiempo no debe impedir que el Estado investigue hechos delictivos graves para evitar la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas.
Además, la ministra recordó que en una resolución previa la Corte reconoció que el incendio en la Guardería ABC constituyó violaciones graves a las garantías individuales de los niños afectados. Por ello, aplicó el artículo 106 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe declarar la prescripción en perjuicio de la infancia, dada su situación de vulnerabilidad al momento de los hechos.
Implicaciones legales del fallo
Con esta decisión, el máximo tribunal reafirma la importancia de que delitos contra la infancia no queden impunes por prescripción. La resolución tiene un impacto significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, quienes han esperado más de una década para que se esclarezca el caso.
Continuidad del proceso judicial
El caso regresa al Tribunal Colegiado para que, bajo este nuevo criterio, se continúe con el proceso legal correspondiente. Esto significa que las investigaciones y posibles sanciones contra los responsables podrán avanzar sin limitaciones temporales.
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