
Ciudad de México, 1 de septiembre de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la enseñanza del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de Chihuahua no está prohibida por la ley estatal de educación. El pleno del Alto Tribunal declaró constitucional un artículo que establece el fomento del uso correcto del idioma español, sin impedir la enseñanza del lenguaje inclusivo.
El artículo en cuestión, aprobado por el Congreso de Chihuahua, buscaba regular el uso del idioma español en las escuelas públicas, enfatizando las reglas gramaticales y ortográficas. Sin embargo, la SCJN aclaró que esta norma no puede interpretarse como una prohibición para enseñar el lenguaje inclusivo en la educación estatal.
El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, ponente del proyecto, explicó que la ley solo hace referencia a las reglas del idioma español y no limita expresiones relacionadas con la equidad de género. Destacó que la enseñanza de la gramática y ortografía es fundamental para facilitar la expresión de ideas y la participación en debates públicos.
Por su parte, la ministra María Estela Ríos González apoyó el proyecto, señalando que el aprendizaje de las reglas del español es esencial para comunicarse de forma clara y lógica, aunque reconoció que estas reglas evolucionan con el tiempo.
En la votación, siete ministros respaldaron la constitucionalidad del artículo, mientras que dos votaron en contra. La ministra Yasmín Esquivel Mossa argumentó que la norma tiene una finalidad discriminatoria y que el lenguaje debe evitar reproducir desigualdades y estereotipos que invisibilicen a mujeres y personas no binarias.
El ministro Irving Espinosa Betanzo también se opuso, señalando que el lenguaje es una convención social construida por sus usuarios y que ninguna academia puede definir de forma absoluta qué es correcto o no. Advirtió que considerar una sola forma correcta puede ser ideológicamente excluyente.
Implicaciones para la educación en Chihuahua
Con esta resolución, la SCJN establece que la enseñanza del lenguaje inclusivo puede coexistir con la enseñanza tradicional de la gramática y ortografía en las escuelas públicas de Chihuahua. Esto abre la puerta a que se promuevan formas de comunicación que reflejen la diversidad y equidad de género en el ámbito educativo.
Debate sobre el lenguaje y la inclusión
El fallo también reaviva el debate sobre cómo debe abordarse el lenguaje en la educación pública. Mientras algunos ministros defienden la importancia de las reglas gramaticales para la comunicación efectiva, otros insisten en que el lenguaje debe ser una herramienta para combatir la discriminación y promover la inclusión social.
Este caso en Chihuahua podría sentar un precedente para otras entidades que buscan regular el uso del lenguaje inclusivo en sus sistemas educativos, equilibrando la normativa lingüística con los derechos humanos y la igualdad.
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