Ciudad de México, 14 de junio de 2026.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones administrativas a 39 servidores públicos de diversas dependencias federales por faltas graves y no graves, según informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las resoluciones derivan de investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y órganos internos de control de instituciones como el IMSS, SAT, SEP, SHCP, Banco del Bienestar, Pemex, Guardia Nacional y el Tren Maya.
Entre las sanciones destacan inhabilitaciones de hasta 20 años, suspensiones temporales, amonestaciones públicas y multas económicas millonarias, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Constitución.
Uno de los casos más relevantes involucra a funcionarios de la CFE. El TFJA ordenó la inhabilitación por 20 años de tres exfuncionarios vinculados con la contratación de 82 mil optimizadores de tensión considerados innecesarios para el suministro eléctrico nacional en 2017, además de imponer una sanción económica solidaria superior a mil 192 millones de pesos. También fue sancionado un exfuncionario con 10 años de inhabilitación.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sancionó a servidores públicos por irregularidades administrativas y casos de negligencia médica, incluyendo la inhabilitación de una trabajadora que brindó un tratamiento inadecuado a un menor en Tepic, Nayarit, que derivó en su fallecimiento. Asimismo, se detectaron expediciones irregulares de incapacidades y manejo indebido de funciones.
En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se aplicaron suspensiones por emisión extemporánea de créditos fiscales, contratación sin autorización presupuestal y uso indebido de sistemas institucionales. Por su parte, el Banco del Bienestar registró sanciones relacionadas con conciliaciones bancarias con información falsa y retiros sin autorización en sucursales de Oaxaca y Tabasco.
Las investigaciones también alcanzaron a funcionarios de la SEP, SHCP, Profeco, CNBV, Finabien, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la Guardia Nacional, donde se sancionó a elementos por entregar constancias académicas sin validez para procesos de permanencia y portación de armas.
Sanciones conforme a la ley y derechos de impugnación
La Secretaría Anticorrupción destacó que las sanciones se dictaron con base en criterios de legalidad, proporcionalidad y gravedad, y que los servidores públicos afectados tienen derecho a impugnar las resoluciones. La dependencia aseguró que defenderá jurídicamente cada expediente con evidencia documental y técnica.
Compromiso con la transparencia y control institucional
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que promueve la legalidad, ética pública, transparencia y rendición de cuentas. La publicación de estas sanciones busca fortalecer la vigilancia de recursos públicos y enviar un mensaje sobre el seguimiento a investigaciones internas.
Especialistas en administración pública consideran que la difusión de estas resoluciones fortalece los mecanismos de control institucional, aunque advierten que la efectividad del sistema anticorrupción dependerá también de la ejecución de sanciones, recuperación de recursos y prevención de nuevas irregularidades.
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