Ciudad de México, 23 de agosto de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 17 servidores públicos del Gobierno Federal fueron sancionados por faltas administrativas graves y no graves. Las medidas aplicadas incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y multas que superan los 390 mil pesos.
Estas sanciones se aplicaron en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y abarcan diversas dependencias federales. Entre los casos más relevantes destaca la inhabilitación por 10 años y una multa de 180 mil pesos a un servidor público del ISSSTE en Campeche, quien usó una cédula profesional ajena para ejercer como licenciado en Nutrición entre 2019 y 2021.
En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dos funcionarios recibieron cuatro años de inhabilitación por solicitar un cobro indebido de 70 mil pesos a un usuario, en lugar de aplicar la multa reglamentaria. Asimismo, en el Banco del Bienestar se sancionó a un empleado con dos años de inhabilitación y una multa de 13 mil pesos por realizar 15 retiros no autorizados.
Sanciones por nepotismo y certificados falsos
El TFJA también sancionó a una funcionaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con tres meses de inhabilitación por contratar a tres sobrinos, práctica considerada nepotismo. Además, dos servidores públicos del SAT fueron suspendidos 60 días por irregularidades relacionadas con un Certificado de Sello Digital.
Por otro lado, los Órganos Internos de Control y la Unidad de Responsabilidades en PEMEX impusieron sanciones por faltas no graves. Destaca la destitución de cuatro elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México por presentar certificados de bachillerato apócrifos para obtener licencias de portación de armas.
Medidas para fortalecer la ética en el servicio público
Un funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fue inhabilitado por un año tras omitir el reporte de inasistencias de un trabajador, lo que generó un pago indebido de 209 mil pesos. La Secretaría Anticorrupción aclaró que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y que defenderá las decisiones con apego a derecho y evidencia.
Estas acciones buscan combatir la impunidad y fortalecer la ética institucional en el servicio público, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Las sanciones aplicadas reflejan un esfuerzo por garantizar la transparencia y la responsabilidad en las dependencias federales.
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