
Washington, 16 de junio de 2026.- El proyecto para construir un salón de baile en la Casa Blanca, impulsado por el expresidente Donald Trump, tendría un costo total cercano a los 600 millones de dólares, de los cuales más de la mitad serían financiados con fondos públicos, según documentos internos revelados por The Washington Post.
El diario estadounidense obtuvo registros de Clark Construction, la empresa contratista encargada de la obra, que indican que el presupuesto supera en 200 millones de dólares la cifra pública de 400 millones que había declarado Trump. De acuerdo con estos documentos, aproximadamente 307 millones provendrían del gobierno federal, principalmente a través del Servicio Secreto y la Oficina Militar de la Casa Blanca para cubrir gastos relacionados con la seguridad.
Desde que anunció el proyecto en julio de 2025, Trump ha sostenido que la construcción se financiaría exclusivamente con donaciones privadas canalizadas mediante una organización sin fines de lucro. En marzo pasado, el expresidente afirmó que “no hay ni 10 centavos de los contribuyentes” involucrados en el financiamiento.
Sin embargo, los documentos internos muestran que el uso de fondos públicos estuvo contemplado desde las primeras etapas y que funcionarios buscaron justificar esta asignación vinculando el proyecto a necesidades de seguridad nacional, conforme a la legislación fiscal vigente.
Un juez federal determinó que Trump no tenía autoridad para continuar la construcción sin una autorización específica del Congreso.
Posteriormente, un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente esta orden y se espera que en los próximos días se resuelva si la decisión inicial se mantiene o revoca. Este proceso legal mantiene en incertidumbre el avance del proyecto y el uso de recursos públicos en su ejecución.
Financiamiento y controversia legal
El proyecto ha generado debate sobre la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
Impacto en la seguridad y presupuesto federal
La estimación de más de 300 millones de dólares en fondos públicos refleja un gasto significativo en protección y adecuaciones estructurales.
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