Internacional, 20 de octubre de 2026.- El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) emitió un comunicado en el que acusa al gobierno de Volodímir Zelenski de capacitar a integrantes de cárteles mexicanos en el uso de drones para actividades delictivas. Según el SVR, al menos 80 miembros del crimen organizado mexicano habrían recibido entrenamiento en Ucrania para ensamblar y operar drones de combate.
Acusaciones y contexto de la denuncia rusa
El SVR sostiene que agencias policiales de Estados Unidos, encargadas de investigar a los cárteles mexicanos, descubrieron vínculos entre estos grupos criminales y representantes del gobierno ucraniano. Según el organismo ruso, el entorno de Zelenski estaría al tanto de estas investigaciones y habría recibido pagos provenientes de ganancias del narcotráfico para impartir dicha capacitación.
Estas acusaciones incluyen la presunta transferencia de dinero desde la venta de drogas en territorio estadounidense hacia funcionarios cercanos al mandatario ucraniano, lo que establecería una conexión financiera directa entre el gobierno de Kiev y los grupos criminales mexicanos.
Implicaciones y reacciones internacionales
El SVR advierte que la formación de operadores de drones FPV en las filas de los cárteles mexicanos representa un riesgo para las operaciones antidrogas, especialmente para los agentes estadounidenses que trabajan en la frontera con México. Además, el comunicado sugiere que estas denuncias podrían afectar la carrera política de Zelenski y deteriorar las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos.
El servicio de inteligencia ruso también relaciona estas acusaciones con otros señalamientos contra el gobierno ucraniano, como corrupción, comportamiento inapropiado del presidente y su negativa a realizar elecciones, factores que, según Rusia, podrían agotar la paciencia de Washington.
Hasta el momento, estas afirmaciones no cuentan con pruebas independientes que confirmen su veracidad, por lo que permanecen como denuncias oficiales del SVR. La situación genera preocupación sobre la posible implicación de actores estatales en actividades ilícitas transnacionales.
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