Cancún, Quintana Roo, 29 de junio de 2026.- Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, abandonó el penal de Morelos para iniciar un arresto domiciliario en la Ciudad de México. La información fue confirmada por Cora Amalia Castilla Madrid, dirigente estatal del PRI, quien detalló que Borge fue absuelto del delito de crimen organizado.
Castilla Madrid explicó que, aunque fue liberado de esta acusación, Borge enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero que continuará bajo la medida de arresto domiciliario. Esta decisión judicial implica que el ex mandatario cumplirá su resguardo en una residencia en la capital del país.
La dirigente del PRI también mencionó que la trayectoria política de Borge ha sido objeto de críticas, en especial por parte del partido Morena, que ha cuestionado las demandas legales en su contra. Sin embargo, Castilla defendió la resolución judicial y destacó que el proceso continúa conforme a la ley.
El traslado de Borge desde el penal de Morelos a su domicilio en Ciudad de México marca un cambio significativo en su situación legal, pues reduce las restricciones de su detención pero mantiene el seguimiento judicial en curso. Este caso ha generado atención en Quintana Roo por el impacto político y social que representa.
De acuerdo con el material recabado por el reportero, el arresto domiciliario es una medida que busca garantizar el cumplimiento de la ley mientras se resuelven las acusaciones pendientes. La resolución judicial se enmarca en un contexto de procesos legales complejos que involucran a ex funcionarios en la entidad.
Contexto del proceso judicial contra Roberto Borge
El ex gobernador fue detenido y procesado por presuntos delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero. La absolución en el delito de crimen organizado y el cambio a arresto domiciliario reflejan avances en su defensa legal, aunque el caso sigue abierto.
Impacto político y social en Quintana Roo
El caso de Roberto Borge sigue siendo un tema sensible en la política local. La postura del PRI y las críticas de otros partidos reflejan la división en la percepción pública y política sobre su gestión y situación judicial.
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