Internacional, 28 de mayo de 2026.- Los retrasos en la renovación de permisos del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) están afectando a miles de beneficiarios en Estados Unidos, quienes enfrentan la pérdida de sus permisos de trabajo y buscan alternativas para mantener su sustento económico.
Un caso representativo es el de César, un inmigrante originario de México que llegó a Estados Unidos a los cuatro años. Tras años de estudios y un empleo formal en recursos humanos, perdió su permiso de trabajo debido a demoras en la renovación de DACA.
Desde marzo pasado, César tuvo que adaptarse a una nueva realidad y comenzó a vender burritos en North Hollywood para sostener a su familia. Su historia refleja el impacto que tienen las demoras en los procesos migratorios sobre la estabilidad laboral y económica de los beneficiarios.
Datos del Instituto de Política Migratoria indican que, hasta junio de 2025, había más de 516,000 beneficiarios activos de DACA, con la mayoría residiendo en California y un 81% originarios de México. Sin embargo, el tiempo promedio para renovar los permisos aumentó a cerca de 70 días, mucho más que los 15 días registrados en el año fiscal anterior.
Según Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta demora se debe a controles y verificaciones más exhaustivos. Aun así, el programa no otorga estatus legal definitivo, y los beneficiarios pueden ser deportados bajo ciertas circunstancias.
Impacto de las demoras en la comunidad DACA
Las demoras en la renovación afectan a una población con una tasa de empleo del 96.9%. Además, los beneficiarios contribuyen con aproximadamente 11,500 millones de dólares en impuestos a nivel estatal, local y federal.
Adaptación y esperanza entre los afectados
César y su familia enfrentan dificultades económicas y legales, sin contar con representación legal debido a los costos. Sin embargo, mantienen la esperanza y buscan salir adelante con nuevos emprendimientos, como la venta de alimentos y servicios domésticos.
El caso de César destaca la necesidad de agilizar los procesos migratorios para evitar que más beneficiarios pierdan sus permisos y se vean obligados a recurrir a empleos informales.
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