Internacional, 3 de junio de 2026.- El próximo 30 de junio vence el plazo para el Registro de Líneas de Teléfono Celular en México, una medida impulsada por el gobierno federal para combatir delitos como extorsión y secuestro. Sin embargo, expertos en derechos digitales advierten que esta acción podría generar un aumento en delitos relacionados con el mercado negro de tarjetas SIM y el robo de identidad.
José Flores, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), declaró en entrevista con EL UNIVERSAL que no hay evidencia clara de que el registro de líneas telefónicas reduzca la criminalidad. Por el contrario, explicó que este mecanismo puede propiciar el desplazamiento de actividades ilícitas hacia otros delitos, como la suplantación de identidad y el robo de teléfonos móviles.
Flores destacó que la delincuencia evita usar líneas registradas a nombre propio, lo que limita la efectividad del registro para combatir la extorsión. Además, alertó que la medida puede facilitar la desanonimización de usuarios, afectando especialmente a activistas, periodistas y opositores políticos.
En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el registro es responsabilidad de las empresas telefónicas y no implica vigilancia directa. Señaló que sólo las autoridades competentes pueden solicitar datos en caso de investigaciones criminales, y que la medida busca garantizar la seguridad pública.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó que hasta el 13 de mayo se han asociado 48 millones de líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que representa apenas el 33.19% del total de 144.5 millones de líneas activas en México. Esta baja participación ha generado preocupación sobre la viabilidad de cumplir con la fecha límite.
El registro requiere verificación de identidad presencial o virtual mediante documentos oficiales y selfies, apoyándose en inteligencia artificial para validar los datos. No obstante, usuarios han reportado registros sin su consentimiento, lo que aumenta la desconfianza en el proceso.
Propuesta para posponer la fecha límite
Ante las dudas y el avance limitado, José Flores sugirió posponer o suspender la fecha límite del 30 de junio para revisar y corregir los problemas detectados. Explicó que la suspensión de líneas no registradas comenzaría el 1 de julio, lo que impediría el acceso a servicios asociados hasta regularizar la situación.
Protección de datos y sanciones
La CRT recordó que las compañías telefónicas están sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que limita el uso de la información al fin del registro. En caso de incumplimiento, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede imponer multas que van desde 23 mil hasta 37 millones de pesos, considerando la naturaleza del dato y la capacidad económica del infractor.
Esta medida genera un debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y privacidad, en un contexto donde la confianza ciudadana en el manejo de datos personales es fundamental para su éxito.
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