Observatorio Legislativo advierte que la XVIII Legislatura aprobó reformas con posibles violaciones constitucionales
La XVIII Legislatura de Quintana Roo enfrenta un nuevo cuestionamiento por la manera en que aprobó la reforma al Poder Judicial estatal. A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Observatorio Legislativo de Quintana Roo difundió un posicionamiento en el que sostiene que los diputados locales aprobaron cambios legales sin apegarse plenamente al marco constitucional federal.
Si la Suprema Corte confirma el proyecto, el Congreso tendría que corregir leyes y reorganizar parte del Poder Judicial
El organismo recuerda que las modificaciones fueron aprobadas durante un periodo extraordinario en agosto del año pasado por la mayoría legislativa y posteriormente publicadas en el Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, esas reformas fueron impugnadas mediante las Acciones de Inconstitucionalidad 99/2025 y 100/2025, al considerar que varias disposiciones exceden las facultades del Congreso local y contradicen la reforma judicial federal.
El proyecto de sentencia que analizará el Pleno de la SCJN el próximo 6 de julio plantea invalidar diversos artículos de la Constitución local y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre los puntos más relevantes se encuentra la eliminación de facultades que el Congreso otorgó al Tribunal Superior de Justicia para reorganizar salas y juzgados, así como la propuesta de anular mecanismos que buscaban mantener fuera del voto popular algunas magistraturas especializadas y extender el periodo de ciertos magistrados hasta 2033.
Para el Observatorio Legislativo, este escenario representa una nueva evidencia de una práctica que, asegura, se ha repetido durante la actual Legislatura: aprobar iniciativas con rapidez y sin una revisión técnica suficiente de su compatibilidad con la Constitución Federal. En su comunicado incluso califica el caso como “una mancha más” para los diputados, al considerar que las reformas podrían terminar siendo corregidas por el máximo tribunal del país.
Más allá de la crítica política, el posible fallo tendría consecuencias prácticas importantes. De confirmarse el proyecto en sus términos, el Congreso de Quintana Roo estaría obligado a modificar nuevamente la Constitución estatal, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, ajustar el calendario de elecciones judiciales y eliminar disposiciones consideradas incompatibles con el modelo federal de elección popular de jueces y magistrados. Asimismo, el Poder Judicial estatal tendría que redistribuir facultades administrativas y modificar la organización interna prevista en la reforma local.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa un problema que ha sido señalado por especialistas en distintos procesos legislativos: la calidad técnica de las leyes. Cuando una norma es aprobada sin un análisis jurídico sólido o sin armonizarse con la Constitución Federal, el resultado suele ser el mismo: litigios, incertidumbre institucional y la necesidad de volver a legislar, con el consecuente gasto de recursos públicos y tiempo legislativo.
Conviene precisar que, por ahora, se trata de un proyecto de resolución, no de una sentencia definitiva. Será el Pleno de la SCJN quien determine el próximo 6 de julio si confirma, modifica o rechaza la propuesta presentada. Sin embargo, el contenido del proyecto anticipa un posible revés para la XVIII Legislatura y abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los congresos estatales de elaborar reformas sólidas, constitucionales y técnicamente bien sustentadas, especialmente cuando se trata de cambios que afectan el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado.
