En México y en estados como Quintana Roo ya se percibe un retroceso en materia de acceso a la información pública tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI y sus organismos estatales, advirtió la organización Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia (Citra). Desde Playa del Carmen, su directora, Cinthya Dehesa Guzmán, señaló que este cambio ha debilitado el derecho ciudadano a conocer cómo actúan los gobiernos.
La activista explicó que desde hace tiempo la sociedad civil había alertado sobre las consecuencias de eliminar a los órganos autónomos de transparencia. Sin embargo, aseguró que hoy esas advertencias se están confirmando, ya que en distintos niveles de gobierno existen dificultades para obtener información solicitada por ciudadanos, empresas y organizaciones.
Debilitamiento del acceso a la información pública
Dehesa Guzmán afirmó que la desaparición de estos organismos representa uno de los golpes más fuertes al sistema democrático del país, ya que elimina la independencia en la supervisión del uso de recursos públicos. Señaló que las áreas que ahora atienden estas solicitudes no cuentan con la estructura ni la autonomía necesaria para garantizar respuestas claras.
De acuerdo con su análisis, las contralorías que han asumido estas funciones dependen directamente de los gobiernos estatales o municipales, lo que limita su capacidad de actuar con independencia. Esto, dijo, genera un conflicto evidente, ya que no pueden fiscalizar libremente a quienes los designan.
También advirtió que en algunos casos la falta de transparencia se ha incrementado en proyectos de gran impacto, donde participan instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA, especialmente en obras públicas donde la información se mantiene reservada.
La directora de Citra cuestionó que muchos de estos proyectos no están relacionados con temas de seguridad nacional, pero aun así se clasifican como información restringida. Esto, dijo, limita la participación ciudadana y el debate público sobre el uso de recursos y decisiones gubernamentales.
