Cancún, Quintana Roo, 9 de mayo de 2024.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado (SABGOB) participa activamente en la capacitación para el combate a la tortura en Quintana Roo, a través de un conversatorio entre jueces y fiscales realizado en Cancún. Este encuentro, impulsado por el World Justice Project (WJP) en colaboración con el Poder Judicial y la Fiscalía General, busca mejorar la atención y sanción de estos delitos.
Diálogo para fortalecer la justicia contra la tortura
El evento reunió a importantes autoridades del ámbito judicial y social, incluyendo al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, y a la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, Alma Arroyo Angulo. Durante el conversatorio, se analizaron los retos actuales en la investigación y judicialización de casos de tortura, con el objetivo de unificar criterios y protocolos.
La titular de la SABGOB, Reyna Arceo Rosado, destacó que el cambio en las instituciones requiere diálogo constante, sensibilidad y respeto a la dignidad humana. Subrayó la urgencia de diseñar mecanismos más efectivos para garantizar que las víctimas reciban atención digna y que los responsables enfrenten la ley.
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Mejoras en protocolos y coordinación institucional
Las mesas de trabajo permitieron revisar los protocolos vigentes y buscar formas prácticas para agilizar los procesos legales. La comunicación entre ministerios públicos y juzgadores es clave para evitar que los casos queden archivados por falta de pruebas integradas, acelerando así la erradicación de la tortura institucional.
Además, se reconoció la colaboración con organizaciones civiles como Documenta A.C., que aportan experiencia técnica para fortalecer la transparencia y legalidad en la entidad. Estas acciones forman parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que prioriza los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
Con estas iniciativas, el gobierno estatal busca consolidar un modelo de justicia que garantice seguridad jurídica y confianza en las instituciones, promoviendo un ambiente de respeto y legalidad para todos los habitantes.
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