Créditos de carbono son certificados que representan la reducción, eliminación o evitación de una tonelada de CO₂ equivalente. Si una empresa o país emite más gases, puede comprar estos créditos para “compensarlo” mediante proyectos en otros lugares, como plantar árboles, proteger bosques o apoyar energías renovables.
Funcionan bajo sistemas regulados (como el ETS de la UE) o mercados voluntarios, y sirven para que quienes emiten más inviertan en acciones climáticas mientras cumplen sus objetivos ambientales.
Para que un crédito sea válido, el proyecto debe cumplir con criterios de adicionalidad, verificación independiente y permanencia: es decir, tiene que demostrar que realmente reduce emisiones que no habrían ocurrido sin esa iniciativa, verificarlo con auditores independientes y asegurar que esa reducción se mantenga en el tiempo.
La Comisión Europea avanza con su propuesta más ambiciosa hasta la fecha: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90 % para el año 2040, tomando 1990 como referencia. Sin embargo, introduce una novedad controvertida: a partir de 2036, permitirá que hasta el 3 % de esa meta se cumpla mediante créditos de carbono internacionales, siempre que provengan de proyectos certificados y de alta calidad en países en desarrollo.
Este enfoque nace en respuesta a la presión de gobiernos de países como Alemania, Francia, Italia, Polonia y República Checa, que buscan alivio para sus industrias frente a los elevados costes energéticos y la competencia global . Permitir créditos externos también ayudará a sectores donde la reducción interna aún es difícil, como el transporte y la gestión de residuos.
No obstante, el cambio ha desatado advertencias. El Comité Científico Asesor de la UE alerta que confiar demasiado en estos créditos podría desplazar inversiones esenciales para modernizar la infraestructura y la industria europea. Por su parte, las ONG defensoras del medio ambiente lo consideran una forma de “licencia para contaminar” si no se mantienen rigurosos estándares.
Para garantizar la integridad del sistema, la propuesta establece estrictas condiciones: los créditos deben provenir de iniciativas verificables —como restauración forestal o captura directa de carbono— alineadas con el Acuerdo de París.
Aunque la medida ofrece flexibilidad, su aprobación aún depende de negociaciones con el Parlamento Europeo y los estados miembros. El objetivo intermedio para 2035, basado en la meta de 2040, debe presentarse a la ONU antes de mediados de septiembre.
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