Ciudad de México, 14 de noviembre de 2026.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitó endurecer las sanciones contra los delitos ambientales en el país. La petición surge tras un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que detectó daños en más de 330 hectáreas de vegetación forestal en Quintana Roo.
El reporte de Profepa, basado en inspecciones del 20 al 29 de octubre, documentó desmontes, apertura de caminos y obras sin autorización en el ejido San Isidro Poniente, municipio de José María Morelos. Estas acciones derivaron en 25 clausuras temporales, además de sanciones en zonas cercanas a Cancún y la Laguna de Bacalar.
El PVEM advirtió que la destrucción de bosques y selvas afecta los hábitats naturales, acelera la erosión del suelo y disminuye la capacidad de captación hídrica. Por ello, consideró que las clausuras deben complementarse con investigaciones penales y acciones de restauración ecológica para responsabilizar a los infractores.
El partido recordó que desde septiembre de 2025 impulsó una reforma al Código Penal Federal para aumentar las penas por daños ambientales. Esta iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y ratificada con modificaciones en abril de 2026, está pendiente de resolución en el Senado.
Sanciones propuestas para delitos ambientales
El proyecto plantea penas de uno a nueve años de prisión por desmonte o destrucción de vegetación natural, y de dos a diez años por tala ilegal. Además, incluye multas y agravantes específicas para estos delitos.
El PVEM enfatizó que la aprobación de esta reforma dotaría a las autoridades de herramientas legales más estrictas para combatir la deforestación y proteger la biodiversidad y los servicios ambientales que sustentan a las comunidades.
Impacto y seguimiento en Quintana Roo
La afectación en Quintana Roo evidencia la urgencia de sanciones más severas. Las clausuras y sanciones recientes muestran avances, pero el partido insiste en que solo con un marco legal más riguroso se podrá frenar la impunidad y garantizar la conservación ambiental.
De esta forma, el proceso legislativo en el Senado será clave para definir el futuro de la protección ambiental en México.
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