Cancún, Quintana Roo, 2 de julio de 2026.- Un grupo de defensores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública se manifestaron pacíficamente frente a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación en Cancún. La protesta fue en rechazo al despido de más de 40 trabajadoras sociales que colaboraban en procesos judiciales.
Carmina Gutiérrez Mena, asesora jurídica y miembro de una asociación de defensores públicos, explicó que las trabajadoras sociales fueron notificadas en todo el país sobre la conclusión de sus nombramientos, lo que implica su baja inmediata. Este cambio afecta directamente la atención a personas en situación vulnerable que requieren apoyo integral durante sus juicios.
“Nosotros ofrecemos atención gratuita a quienes no pueden costear un abogado particular, y muchas veces los procesos judiciales necesitan un equipo que aporte elementos de convicción”, señaló Gutiérrez Mena. Las trabajadoras sociales desempeñaban un papel fundamental al elaborar dictámenes que podían reducir sanciones o eximir pagos necesarios para continuar con los procedimientos legales.
Además de su función técnica, estas profesionales se encargaban de difundir el servicio, comunicarse con la sociedad y apoyar la integración de programas que beneficiaban a la ciudadanía. La eliminación de estos puestos representa un retroceso en la atención especializada dentro del sistema de justicia federal.
Impacto en la atención a grupos vulnerables
La protesta refleja la preocupación por la estabilidad laboral y la continuidad de servicios que favorecen a personas en condiciones de vulnerabilidad. La ausencia de trabajadoras sociales puede dificultar el acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales.
Próximos pasos tras la manifestación
Tras la manifestación, los defensores públicos evaluarán las acciones a seguir para defender la permanencia de estos servicios. Mientras tanto, las trabajadoras afectadas decidirán si recurrirán a recursos legales o aceptarán la conclusión de sus contratos.
Carmina Gutiérrez expresó que la situación genera preocupación por la falta de estabilidad laboral y el impacto que esto tendrá en la calidad del servicio que ofrecen a la población.
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