Ciudad de México, 19 de julio de 2026.- Un juez dictó prisión preventiva para el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, y siete personas más, por su presunta participación en delitos relacionados con huachicol y contrabando de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la medida cautelar se aplicó tras una audiencia en la que el Ministerio Público Federal presentó evidencias contra los imputados.
Los acusados enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando, vinculados con un esquema de importación y distribución irregular de productos derivados del petróleo. Además de Ruffo Appel, la prisión preventiva fue dictada para Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo y Guillermo de la Peña Rosales.
Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén también fueron señalados por su posible participación en estos delitos. Sin embargo, José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” quedó internada en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
La FGR detalló que el esquema de contrabando consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas. Esto implica reportar menos cantidad de combustible de la que realmente se transporta o declarar el producto como otro para evadir impuestos. Estas prácticas generan un daño económico directo al país y financian a organizaciones criminales.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, lo que prolongará el proceso judicial. La prisión preventiva para Ruffo y otros implicados se cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
Investigación federal y coordinación con seguridad
La detención de los involucrados fue resultado de una investigación conjunta entre la FGR y el Gabinete de Seguridad. El trabajo de campo permitió identificar las operaciones irregulares en la importación, distribución y comercialización de hidrocarburos, que presuntamente realizaron los acusados.
Impacto económico y legal
Este tipo de delitos afecta la economía nacional y representa un desafío para las autoridades encargadas de la seguridad y el control fiscal. La FGR mantiene abierta la investigación para esclarecer la participación de todos los involucrados y evitar que este tipo de conductas continúen perjudicando al país.
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