Ciudad de México, 17 de octubre de 2026.- Comuneros zoques de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, denunciaron que agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, un grupo élite de la Policía Estatal de Chiapas, ingresaron ilegalmente a su territorio y amenazaron a los habitantes mientras trabajaban en sus milpas.
La denuncia fue presentada mediante una carta dirigida a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el documento, el agente de policía Fernando Gutiérrez Díaz informó que la incursión ocurrió en inmediaciones del arroyo Los Patos, dentro de la comunidad zoque Benito Juárez.
Ante la presencia de los policías chiapanecos, los comuneros se organizaron y colocaron un portón provisional para bloquear el paso de las unidades donde se trasladaba la Fuerza Pakal. Los agentes se retiraron, pero advirtieron que regresarían para atacar a los habitantes.
Conflicto territorial y amenazas
Esta situación ha generado preocupación por la violación a la soberanía del estado de Oaxaca y la posible escalada de violencia. Los comuneros responsabilizan tanto al gobierno federal como a las autoridades de Chiapas y Oaxaca por cualquier incidente que pueda ocurrir en la región.
Además, solicitaron la intervención urgente del gobierno federal y la presencia del Ejército Mexicano para garantizar la seguridad en la zona y evitar nuevos enfrentamientos. La comunidad zoque enfatizó que estas acciones contravienen una sentencia inatacable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reclamo por respeto a la soberanía y seguridad
El conflicto entre las fuerzas policiales de Chiapas y los comuneros de Oaxaca refleja tensiones históricas por límites territoriales y derechos indígenas en la región del Istmo de Tehuantepec. La denuncia pública busca frenar la incursión ilegal y las amenazas que ponen en riesgo la paz comunitaria.
De acuerdo con la carta, la presencia de la Fuerza Pakal representa un desafío directo a la autoridad oaxaqueña y a las garantías constitucionales. Por ello, la comunidad exige medidas concretas para proteger su territorio y evitar que se repitan estos actos violentos.
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