Internacional, 15 de junio de 2026.- El gobierno de Panamá reactivó un centro penitenciario en la Isla Coiba, ubicada en el Pacífico y dentro del Parque Nacional Coiba, tras el traslado de 29 reos considerados de alta peligrosidad. Esta decisión se tomó luego de la histórica fuga de 195 presos de una cárcel cercana a la capital panameña, un hecho que ha generado debate por sus implicaciones de seguridad y ambientales.
Traslado de reos y medidas de seguridad
Los 29 internos fueron trasladados de forma escalonada desde diferentes centros penitenciarios hacia la estación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la Isla Coiba. Según un comunicado oficial, el complejo cuenta con personal altamente capacitado en combate al narcotráfico y tecnología avanzada para prevenir actividades ilícitas. El traslado forma parte de un plan para limitar la influencia de los cabecillas de estructuras criminales y reducir su capacidad de coordinación delictiva.
Este movimiento se da en un contexto de alta preocupación por la seguridad, luego de que el pasado 1 de junio se registrara la fuga masiva en la prisión La Joyita, donde aún permanecen prófugos varios reos con antecedentes por homicidio y narcotráfico. El Ministerio Público ha imputado a más de 150 recapturados y ha impuesto penas relacionadas con este evento.
Controversia ambiental y legal
La colonia penal de Isla Coiba fue establecida en 1920 y cerrada en 2004. La isla forma parte de un parque nacional declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2005. El Ministerio de Ambiente panameño expresó su rechazo a la reapertura del centro penitenciario en una carta dirigida a la ministra de Gobierno, argumentando que la transformación de la isla en un centro penitenciario permanente no es viable por razones legales y ambientales.
No obstante, el traslado reciente no implicó la construcción de nuevas instalaciones ni reformas que afecten el área protegida, según aclaró el Ministerio de Ambiente. Además, se comprometió a realizar inspecciones periódicas para garantizar la conservación del parque nacional.
La oposición a esta medida también se refleja en declaraciones del diputado independiente Ernesto Cedeño, quien considera que la reapertura responde a la falta de una administración efectiva del sistema penitenciario y a la ausencia de cambios estructurales en la gestión de las cárceles.
La situación en Panamá evidencia la tensión entre la necesidad de controlar el crimen organizado y la protección del patrimonio natural. Las autoridades continúan con la búsqueda de los presos fugados y evalúan medidas para fortalecer el orden en los centros penitenciarios.
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