
Ciudad de México, 25 de agosto de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) y Somos México anunciaron su respaldo a la defensa legal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece detenido desde hace mes y medio en el penal del Altiplano por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal.
Durante una conferencia de prensa frente a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, Verónica Ruffo Sánchez, hija del exmandatario, informó que se reforzó la defensa de su padre con la incorporación de nuevos litigantes al equipo encabezado por Fernando Gómez Mont.
En el evento participaron también Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN; Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México; el expresidente Vicente Fox Quesada; Emilio Álvarez Icaza; Marco Antonio Baños, exconsejero del IFE; y el senador Ricardo Anaya, entre otros.
Defensa legal Ernesto Ruffo Appel se amplía con apoyo político
Verónica Ruffo destacó que la ampliación del equipo legal representa un esfuerzo plural que trasciende partidos políticos. “No debe ser una lucha entre izquierdas y derechas, sino por nuestras instituciones de justicia y la República”, afirmó.
La hija del exgobernador enfatizó que la defensa no busca confrontar ni dividir, sino proteger la verdad, la justicia y el estado de derecho en México. Además, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que el caso se conduzca conforme a la ley y el debido proceso.
Ruffo Sánchez recordó que su padre, de 74 años, mantiene un mensaje de esperanza y unidad, y pidió que la justicia se aplique sin distinción. “México merece instituciones fuertes y una República donde la ley sea igual para todos”, sostuvo.
Contexto y consecuencias del caso Ruffo Appel
Ernesto Ruffo Appel fue detenido por presuntamente encabezar la red más grande de huachicol fiscal detectada en el país. Su situación ha generado un amplio debate político y social, con voces que exigen transparencia y respeto al proceso legal.
El reforzamiento de la defensa legal busca garantizar que el exgobernador tenga acceso a un juicio justo y que se respeten sus derechos. El seguimiento del caso será clave para evaluar el impacto en la política y la justicia mexicana.
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