Ciudad de México, 30 de junio de 2026.- El diputado federal Héctor Saúl Téllez, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), calificó como “sumamente limitada” la primera entrega de la Cuenta Pública 2025 presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El legislador advirtió que el informe actual no permite emitir un juicio real sobre la legalidad ni la transparencia del gasto público.
Preocupación por posible infiltración del narco en recursos públicos
Saúl Téllez expresó su preocupación por cómo opera el gasto federalizado en entidades como Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y especialmente Sinaloa. Estas entidades han sido señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como posibles “narco gobiernos”.
El diputado destacó la necesidad de que la ASF ejerza una fiscalización con un “ojo clínico” para detectar posibles nichos de oportunidad que el narcotráfico podría estar utilizando para desviar recursos públicos, evidenciando una grave colusión entre algunos gobiernos y organizaciones criminales.
“Es fundamental que la Auditoría Superior de la Federación profundice en la revisión para evitar que el narcotráfico succionen recursos del gasto público”, afirmó el legislador.
Limitaciones en la fiscalización de la Cuenta Pública 2025
En cuanto al contenido del informe, Saúl Téllez señaló que la fiscalización se centró únicamente en la verificación de la distribución de las participaciones federales, sin evaluar el destino, ejercicio o comprobación de los recursos una vez entregados a las entidades.
El diputado resaltó que sólo se emitieron observaciones para el estado de Chiapas por un monto de un millón 403 mil 459 pesos, lo cual representa un alcance muy limitado para evaluar la eficiencia y transparencia del gasto público estatal y municipal.
Además, indicó que no existen elementos suficientes para evaluar el desempeño financiero de dependencias federales, empresas productivas del Estado, organismos descentralizados o programas presupuestarios federales.
De esta forma, el informe no permite un análisis completo sobre la legalidad ni el correcto uso de los recursos públicos en México.
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