Ciudad de México, 18 de junio de 2026.- Desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado pagos irregulares en la nómina educativa destinados a docentes fallecidos, empleados ausentes y personal no localizado en escuelas de varios estados de México.
Estas anomalías afectan principalmente a entidades con fuerte presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. El manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) ha mostrado un patrón repetitivo de irregularidades año con año.
En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF identificó daños por 221.4 millones de pesos, con pagos por 661.7 millones a trabajadores no localizados y 73.7 millones a personal con licencias laborales. Para 2019 y 2020, se detectaron más de 156 millones destinados a nóminas de profesores y trabajadores fallecidos, con 27 mil 854 pagos a 4 mil 160 empleados difuntos a nivel nacional.
Entre los estados con irregularidades destacan Michoacán y Oaxaca, que dejaron pendiente la aclaración de 7.2 millones de pesos. En 2021, los daños sumaron 262.7 millones de pesos, con Michoacán realizando pagos indebidos a empleados con licencias sin goce y personal fallecido por casi 3 millones de pesos.
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Oaxaca y Chiapas, los focos principales en años recientes
En 2022, Oaxaca concentró el 87% de los daños detectados con irregularidades por 157.5 millones de pesos, incluyendo pagos a maestros fallecidos y personal inubicable. El gobierno estatal solo reintegró una pequeña parte, dejando una deuda significativa con el erario.
Para 2023, Chiapas se convirtió en el principal foco con un probable daño patrimonial de 43.4 millones de pesos. La ASF señaló que el gobierno estatal violó normativas al mantener pagos posteriores a bajas definitivas y depósitos a trabajadores fallecidos.
Acciones y sanciones ante irregularidades
Debido a las irregularidades, la ASF ha promovido sanciones administrativas contra servidores públicos responsables en varios estados. Las investigaciones apuntan a que, aunque los gobiernos estatales realizan formalmente los pagos, estos se mantienen bajo presiones sindicales que dificultan la actualización y control del padrón laboral.
Los estados con mayores observaciones en 2023 además de Chiapas fueron Guerrero, Oaxaca y Michoacán, con montos pendientes por aclarar que suman varios millones de pesos.
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