
Internacional, 9 de noviembre de 2026.- La administración estadounidense bajo Donald Trump enfrenta críticas por la opacidad en la gestión del petróleo venezolano desde la captura de Nicolás Maduro en enero. A más de nueve meses, no existe una contabilidad pública clara sobre el destino de los ingresos, estimados en alrededor de 13 mil millones de dólares, según el Financial Times.
Los ingresos provienen de ventas de crudo venezolano supervisadas por el Departamento de Energía de Estados Unidos, que trabaja con autoridades venezolanas y empresas privadas para colocar el petróleo en mercados internacionales. Sin embargo, expertos como la economista María Díaz señalan que faltan documentos como registros bancarios y contratos que permitan conocer con precisión cuánto se ha cobrado y cómo se ha gastado ese dinero.
Donald Trump ha declarado que los ingresos cubren los costos de la intervención militar y se destinan a administrar Venezuela, pero no ha presentado cifras detalladas ni comprobantes que respalden estas afirmaciones. Además, legisladores demócratas han solicitado una auditoría independiente para supervisar el manejo de estos recursos y evitar posibles fraudes o conflictos de interés.
El Departamento del Tesoro tiene la custodia de los fondos, mientras que el secretario de Estado determina los desembolsos, según la orden ejecutiva 14373 firmada por Trump. Esta medida busca proteger los recursos de embargos y reclamaciones privadas, pero también implica una responsabilidad directa de Estados Unidos sobre esos bienes.
En marzo, se informó que 3 mil millones de dólares habían circulado por cuentas controladas por Washington, y que auditorías trimestrales serían realizadas por una firma contable. Sin embargo, hasta octubre no se ha presentado un informe completo que detalle el uso y distribución de los fondos.
Preocupaciones por transparencia y control
Senadores demócratas como Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse han exigido explicaciones sobre el manejo de los ingresos petroleros. Alertan sobre riesgos de corrupción y lavado de dinero en el sistema financiero venezolano, además de la posibilidad de que la administración estadounidense utilice su control para orientar pagos sin autorización del Congreso.
La falta de información sobre beneficiarios, precios y contratos dificulta evaluar si las compras y pagos son legítimos o favorecen intereses particulares. La administración Trump también firmó un acuerdo con North American Blue Energy Partners para explotar y comercializar yacimientos petroleros venezolanos, con proyecciones de inversión a largo plazo.
Impacto y seguimiento
Mientras tanto, la gestión del oro venezolano también genera incertidumbre. En marzo, se anunció la llegada a Estados Unidos de oro valorado en 100 millones de dólares, pero su refinación y venta se han retrasado por problemas legales y de procedencia. Las reservas de oro en el extranjero, valoradas en miles de millones, están sujetas a disputas judiciales.
La opacidad en la administración de los recursos venezolanos bajo control estadounidense mantiene la preocupación sobre la transparencia y el destino final de estos fondos. La exigencia de auditorías y supervisión continúa siendo un tema central para legisladores y analistas.
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