Internacional, 30 de septiembre de 2026.- Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos solicitaron a México proteger a las mujeres que buscan a personas desaparecidas, debido a los niveles “alarmantes” de violencia que enfrentan. Esta petición se dio a conocer este miércoles en un informe que destaca riesgos graves como asesinatos y desapariciones forzadas de estas activistas.
El grupo de expertos citó casos recientes en Sinaloa para ilustrar la situación. Entre ellos, mencionaron la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos; la agresión contra Alma Rosa Rojo Medina y su hija, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida; y el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.
Los especialistas enfatizaron que la responsabilidad de buscar a personas desaparecidas y de investigar estos casos recae en el Estado, y no debe cargarla exclusivamente sobre las familias. Sin embargo, reconocieron la importancia de la participación de los familiares en estos procesos.
Asimismo, denunciaron que la violencia contra las buscadoras ocurre en un contexto de impunidad casi total. Además, señalaron que estos abusos tienen características específicas de género, lo que agrava la situación de estas mujeres.
Proteger a buscadoras de desaparecidos es responsabilidad estatal
Los expertos de la ONU instaron a México a reconocer públicamente la labor de las buscadoras. Celebraron la aprobación de una resolución de la Asamblea General de la ONU que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.
Esta resolución reconoce la fortaleza, liderazgo y capacidad de acción de estas mujeres, quienes enfrentan riesgos significativos en su trabajo. La declaración fue firmada por varios relatores y presidentes de grupos de trabajo de la ONU especializados en derechos humanos y desapariciones forzadas.
Violencia y reconocimiento: retos para las buscadoras en México
La violencia contra las buscadoras no solo pone en riesgo sus vidas, sino que también refleja fallas en la protección estatal y la justicia. La impunidad prevalece en muchos casos, lo que dificulta la investigación y sanción de agresores.
Por ello, la comunidad internacional exige que México implemente medidas efectivas para garantizar la seguridad de estas mujeres y que se reconozca su papel fundamental en la lucha contra las desapariciones.
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