
Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- Durante la presentación del informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, un grupo de buscadoras fue retirado de la sala por mostrar fotografías de sus familiares desaparecidos. Juan Pablo Albán, presidente del Comité, calificó el hecho como “profundamente lamentable” y exigió respeto para las víctimas y sus familias.
Albán destacó que la presencia de las buscadoras merecía ser escuchada y recordó que el trabajo del Comité debe estar al servicio de quienes sufren desapariciones forzadas. Además, advirtió sobre el riesgo de que la crisis en México sea relegada por razones políticas y diplomáticas tras la primera aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
El artículo 34 fue invocado el 2 de abril para presentar la situación de México ante la Asamblea General, debido a indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas en el país. Actualmente, más de 135 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas en México.
Entre las propuestas del Comité están fortalecer la cooperación técnica para la búsqueda, identificación forense e investigación, así como establecer mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y proteger a las familias afectadas. Sin embargo, el gobierno mexicano rechazó estas conclusiones, argumentando que no reflejan las acciones implementadas.
Por su parte, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han pedido al Estado aceptar la cooperación internacional y crear mecanismos independientes para avanzar en la búsqueda y combatir la impunidad. Estas organizaciones señalan que las medidas actuales no resuelven problemas estructurales como el rezago forense y los riesgos para las personas buscadoras.
Compromiso internacional y exigencias del Comité
Juan Pablo Albán recordó que el artículo 34 fue incorporado por los propios Estados para atender situaciones graves de desapariciones forzadas. Insistió en que la respuesta internacional debe traducirse en acciones concretas para las víctimas y no limitarse a compromisos diplomáticos.
El presidente del Comité enfatizó que la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende de convertir los compromisos en resultados efectivos para quienes más los necesitan. La discusión en la Asamblea General debe ser seria y orientada a resultados que incluyan verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Situación actual y próximos pasos
El desalojo de las buscadoras en la ONU evidenció la tensión en torno a la crisis de desapariciones en México y la necesidad de un diálogo abierto y respetuoso. La comunidad internacional tiene la oportunidad de apoyar medidas que fortalezcan la cooperación técnica y la protección a las familias.
El seguimiento de este proceso será clave para determinar si México acepta la asistencia internacional y establece mecanismos independientes que permitan avanzar en la búsqueda y sanción de responsables.
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