Internacional, 26 de octubre de 2026.- La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el conflicto en Ucrania presentó un informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas que califica los ataques rusos contra la infraestructura energética y bienes civiles como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El documento detalla que estos ataques se ejecutan de forma intencionada bajo una política estatal rusa que busca privar a la población civil de electricidad y servicios esenciales, causando sufrimiento especialmente durante los duros inviernos con temperaturas bajo cero.
La comisión, integrada por tres expertos, analizó testimonios de 255 personas afectadas en nueve provincias ucranianas, entre ellas Kiev, Járkov, Odesa y Jersón. Se destaca que los mandos rusos sabían que atacaban instalaciones vitales para calefacción en grandes núcleos urbanos.
Además, el informe subraya que la frecuencia, intensidad y extensión geográfica de estos ataques sistemáticos han aumentado con el tiempo, empleando cientos de drones y misiles en cada oleada. Erik Mose, presidente de la comisión, advirtió que los ataques se intensifican en los meses más fríos, poniendo en riesgo la vida y salud de la población civil.
Impacto en la población civil y grupos vulnerables
Entre las principales víctimas se encuentran personas mayores, niños y personas con movilidad reducida. La falta de energía ha obligado al cierre de escuelas y ha dejado a muchas familias sin calefacción, agravando la crisis humanitaria.
El informe también documenta la existencia de redes de trata de personas que reclutan extranjeros para combatir en las fuerzas armadas rusas. Estas redes engañan y coaccionan a individuos de 29 países, facilitando su traslado a Rusia y obligándolos a firmar contratos en ruso, idioma que muchos no dominan, para luego enviarlos al frente ucraniano en tareas peligrosas.
Investigación y consecuencias internacionales
La comisión exige que se investiguen estos crímenes y se responsabilice a los mandos rusos que ordenaron los ataques. La evidencia presentada busca fortalecer la respuesta internacional ante violaciones graves del derecho humanitario y proteger a la población civil en el conflicto.
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