Ciudad de México, 5 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de Oaxaca informó la detención de siete personas involucradas en la venta ilegal de armas a través de redes sociales. Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal estatal, detalló que las armas se ofertaban entre 45 mil y 75 mil pesos en plataformas como Facebook Marketplace y grupos cerrados de Telegram.
El fiscal explicó que la comercialización de armas largas y cortas ha aumentado un 500% en redes sociales, principalmente en municipios como Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ocotlán de Morelos, Zimatlán de Álvarez y Oaxaca de Juárez. Las publicaciones utilizan fotografías ambiguas y códigos para evadir la moderación de los grupos donde se ofrecen los artefactos.
Las armas recuperadas son de fabricación estadounidense y brasileña, y su ingreso al país se da por las fronteras sur y norte. El pago se realiza exclusivamente en efectivo, según indicó Rodríguez Alamilla. La Fiscalía ha desplegado operativos para detectar y detener a los vendedores en estos entornos digitales.
Venta ilegal de armas en redes sociales y su impacto en Oaxaca
El fiscal señaló que el reglamento vigente para la oferta de armas data de 1972 y no contempla la regulación en plataformas digitales. Esta laguna facilita la distribución clandestina y dificulta la aplicación de filtros o negaciones en redes sociales.
Además de la venta ilegal, la Fiscalía informó sobre la detención de un presunto homicida vinculado a crímenes violentos en San Juan Cacahuatepec. Se trata de un exintegrante de grupos delictivos locales, acusado del asesinato del exedil Pedro Martínez Barroso y de la regidora Guadalupe Urban Ceballos.
Operativos y avances en seguridad pública en Oaxaca
Los grupos delictivos como “Los Rusos” operan en al menos ocho municipios de Oaxaca, según las investigaciones. La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer estos crímenes y desarticular las redes de venta ilegal de armas que afectan la seguridad en la entidad.
Estas acciones buscan frenar la proliferación de armas en el estado y mejorar la seguridad ciudadana mediante el control de plataformas digitales usadas para actividades ilícitas.
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