Ciudad de México, 22 de julio de 2026.- La titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, negó la suspensión provisional solicitada por dos coimputados en la red de huachicol fiscal vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén seguirán recluidos bajo prisión preventiva mientras enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando de combustible.
José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario de la empresa Ingemar, y Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Logística Ferroviaria Fargo, se encuentran detenidos en el penal del Altiplano y en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, respectivamente. Ambos solicitaron amparos para revertir la medida cautelar impuesta el pasado domingo por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega.
Sin embargo, la jueza Lazalde Íñiguez estableció que la suspensión provisional sólo puede concederse para que los detenidos permanezcan a disposición del órgano jurisdiccional en el lugar donde están internados. No autorizó que continúen el proceso penal en libertad, argumentando que no está facultada para otorgar efectos distintos a los previstos en la normativa vigente.
El rechazo a los amparos se fundamenta en que la jueza de control no realizó un control difuso de convencionalidad al imponer la prisión preventiva, según alegaron los coimputados. No obstante, la autoridad judicial mantuvo la prisión preventiva como medida necesaria para el desarrollo del proceso.
El próximo 28 de julio, la jueza de amparo definirá si concede la suspensión definitiva a José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continúa investigando esta red, considerada la más grande de huachicol fiscal detectada hasta el momento.
Contexto del caso y consecuencias legales
La red de huachicol fiscal que involucra a Ruffo Appel y sus coimputados representa un caso de alto impacto en la lucha contra el contrabando y la delincuencia organizada en México. La negativa a la suspensión provisional refuerza la estrategia de la FGR para mantener bajo custodia a los acusados mientras se desarrollan las investigaciones.
Próximos pasos en el proceso judicial
La resolución del 28 de julio será determinante para los coimputados, ya que la suspensión definitiva podría modificar las condiciones de su proceso penal. Hasta entonces, permanecerán en prisión preventiva conforme a la decisión judicial vigente.
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