Internacional, 1 de agosto de 2026.- El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua anunció una reforma constitucional que busca eliminar la competencia electoral real y blindar la exclusión de opositores en los procesos electorales. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, prevé aprobar esta reforma en septiembre tras una consulta en agosto.
El presidente Ortega había declarado el 19 de julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, argumentando que la oposición busca “atrapar el poder” con apoyo extranjero. Sin embargo, dos días después, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, aclaró que sí habrá elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional que impida la participación de quienes el oficialismo considera “traidores a la patria”.
Esta reforma constitucional institucionaliza la exclusión política al impedir que los nicaragüenses despojados de su ciudadanía, principalmente opositores, puedan participar en las elecciones. Desde 2018, el régimen ha aplicado medidas administrativas para desnacionalizar, confiscar bienes y cancelar partidos opositores, pero ahora busca convertir estas prácticas en reglas permanentes.
Reforma electoral Nicaragua y exclusión política
El cambio constitucional no solo elimina la competencia electoral, sino que también extiende el periodo presidencial a siete años con posibilidad de reelección. Ortega y Murillo se autoproclamaron “copresidentes” en reformas previas, consolidando un modelo de sucesión dinástica. Además, trasladaron competencias militares al Ministerio del Interior y la Policía, bajo control oficialista.
Este modelo de “votaciones sin elecciones” se asemeja a regímenes híbridos en Rusia, Venezuela y Bielorrusia, donde el ritual electoral se mantiene para legitimidad formal, pero sin posibilidad real de alternancia. Nicaragua da un paso adicional al codificar esta exclusión en la Constitución, eliminando la necesidad de fraude electoral tradicional.
La comunidad internacional ha expresado rechazo y preocupación. Países como Costa Rica, Estados Unidos y Panamá, así como organismos como la Unión Europea y la OEA, han condenado la reforma. Sin embargo, Nicaragua ha resistido sanciones y aislamiento desde 2018 sin modificar su rumbo político.
Impacto regional y futuro político en Nicaragua
La estabilidad económica del país, apoyada en remesas, y la debilitada oposición interna han permitido al régimen maniobrar con margen. La reforma electoral plantea un desafío para la comunidad internacional, pues el régimen ya no simula competencia electoral, sino que la elimina abiertamente. Esto podría sentar un precedente para otros gobiernos autoritarios en América Latina.
La reforma prevista para septiembre busca garantizar la continuidad del proyecto Ortega-Murillo sin competencia real, consolidando un sistema autoritario con apariencia institucional. La oposición y la sociedad civil quedan formalmente excluidas, mientras el oficialismo controla todos los poderes del Estado.
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