El World Justice Project desde 2024 coloca a la entidad en el lugar 30 de 32 estados, con una calificación de 0.36; en Estado de derecho en Quintana Roo justicia civil, corrupción y seguridad exhiben los rezagos.
CANCÚN, QUINTANA ROO.– Quintana Roo puede presumir sus playas, inversiones millonarias, desarrollos turísticos y millones de visitantes cada año, pero cuando se trata de medir el funcionamiento de sus instituciones, el panorama cambia considerablemente.
El Estado de Derecho en Quintana Roo se encuentra entre las tres entidades con menor puntuación en materia de Estado de Derecho en México, de acuerdo con el Índice del World Justice Project (WJP).
El diagnóstico no es menor: Quintana Roo obtuvo apenas 0.36 puntos de una escala de 0 a 1 y ocupó lugar 30 de 32, solamente por encima de Morelos y el Estado de México.
La calificación tampoco mostró avance respecto a la medición anterior, lo que confirma un prolongado estancamiento en esta materia.
Los resultados corresponden al Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, sexta edición del estudio elaborado por el World Justice Project, organización internacional que analiza cómo se garantizan los derechos de la población.
Puedes consultar directamente en el documento original del Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024, donde se desglosan los resultados de las 32 entidades federativas y los ocho factores utilizados para evaluar el desempeño institucional.
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JUSTICIA CIVIL: QUINTANA ROO, EN EL ÚLTIMO LUGAR
Uno de los resultados más delicados aparece en el sistema de justicia civil. Quintana Roo obtuvo 0.31 puntos y ocupó la posición 32 de 32 entidades, es decir, el último lugar nacional en este componente.
El indicador de Estado de Derecho en Quintana Roo evalúa si las personas pueden resolver sus conflictos mediante mecanismos accesibles, imparciales y eficaces, sin enfrentar obstáculos económicos, burocráticos o institucionales.
La ausencia de corrupción tampoco ofrece un panorama favorable: la entidad registró 0.30 puntos, mientras que en justicia penal obtuvo la misma calificación, aunque en este último factor se ubicó en la posición 27.
En otros componentes, los resultados tampoco son alentadores: límites al poder gubernamental, 0.35; derechos fundamentales, 0.43; orden y seguridad, 0.33, y cumplimiento regulatorio, 0.32.
El contraste aparece en gobierno abierto, donde Quintana Roo consiguió 0.54 puntos y la tercera posición nacional. Se trata de su mejor resultado entre los ocho factores evaluados.
EL PROBLEMA NO ES SOLAMENTE LA SEGURIDAD
El estudio del World Justice Project advierte que los desafíos del Estado de Derecho en México y del Estado de Derecho en Quintana Roo van más allá de la incidencia delictiva.
También involucran la capacidad de las autoridades para rendir cuentas, la independencia de las instituciones, la participación ciudadana y el respeto al debido proceso.
En su evaluación nacional 2023-2024, el organismo identificó una contracción en la participación ciudadana en 22 entidades, además de problemas persistentes en los sistemas de justicia penal y en las garantías del debido proceso.
En Quintana Roo, estos indicadores plantean interrogantes sobre la eficacia de las instituciones encargadas de investigar delitos, garantizar derechos, combatir la corrupción y asegurar que las normas se apliquen sin privilegios.
Porque el Estado de Derecho no se mide únicamente por la cantidad de leyes que existen, sino por la capacidad de hacerlas cumplir y garantizar que sean respetadas por ciudadanos y autoridades.
MÉXICO TAMBIÉN ENCIENDE LAS ALERTAS
El panorama nacional tampoco ha mejorado. De hecho, existe una medición internacional más reciente del mismo organismo.
En el Índice Global de Estado de Derecho 2026, publicado el 21 de octubre de este año, México obtuvo 0.39 puntos y ocupó el lugar 125 de 143 países evaluados, además de ubicarse en la posición 28 de 32 naciones de América Latina y el Caribe.
Uno de los resultados más preocupantes fue el de justicia penal, con 0.22 puntos y el lugar 139 de 143 países. En ausencia de corrupción, el país obtuvo 0.26 puntos y se colocó en la posición 135.
Es importante precisar que este índice internacional evalúa al país en su conjunto y no representa una nueva calificación individual para Quintana Roo.
MUCHO TURISMO, PERO ¿QUÉ PASA CON LAS INSTITUCIONES?
La contradicción merece atención. Quintana Roo es uno de los principales motores turísticos de México, recibe millones de visitantes y concentra inversiones nacionales e internacionales.
Sin embargo, el crecimiento económico no necesariamente se traduce en instituciones más sólidas ni en mejores condiciones de acceso a la justicia.
Los resultados del World Justice Project colocan sobre la mesa una discusión que no debería quedar fuera de la agenda pública: la calidad de las instituciones, la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia del sistema judicial.
La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve presumir desarrollo, inversiones y crecimiento turístico si los ciudadanos siguen enfrentando dificultades para acceder a la justicia, exigir cuentas a sus autoridades o confiar en sus instituciones?
Quintana Roo tiene mucho que mostrar al mundo en materia turística. Los indicadores del Estado de Derecho, sin embargo, revelan que todavía tiene importantes pendientes en casa.
EL PROPIO GOBIERNO LO RECONOCE: LOS REZAGOS ESTÁN DOCUMENTADOS HASTA 2050
El propio Gobierno de Quintana Roo reconoce estos rezagos en su Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2025-2050, publicado el 1 de diciembre de 2025.
El documento retoma al World Justice Project y admite que Quintana Roo ocupa el lugar 30 de 32 estados, con 0.36 puntos y rezagos en cinco de ocho factores evaluados.
También identifica la justicia civil como su mayor debilidad y reconoce la necesidad de facilitar asesoría legal, agilizar juicios y garantizar el cumplimiento de las resoluciones.
