Ciudad de México, 28 de mayo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reserva que permite la reelección de magistrados en funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), medida que ha generado críticas por la posible permanencia de estos funcionarios hasta por 17 años.
La reserva fue presentada por el expresidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, y aprobada con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones tras una sesión de 15 horas dedicada a discutir la reforma judicial que busca aplazar los comicios hasta 2028.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, se manifestó en contra de esta reelección al considerarla contraria al espíritu de la reforma judicial aprobada en 2024, la cual buscaba eliminar la perpetuidad en cargos judiciales.
Ramírez Cuéllar denunció que la propuesta representa un “albazo” legislativo y advirtió que permitiría a los magistrados mantenerse en sus cargos durante casi dos décadas, lo que calificó como un retroceso que atenta contra la Constitución y la movilidad en el Poder Judicial.
El legislador señaló que la reforma judicial tenía como objetivo principal acabar con las castas en tribunales colegiados y órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el propio TEPJF, buscando una justicia más transparente y expedita.
Por su parte, legisladores del Partido del Trabajo también criticaron la medida, acusando que algunos integrantes de Morena impulsaron la reelección para beneficio propio y en detrimento de la renovación institucional.
Debate sobre la reforma judicial y la reelección
El debate en la Cámara de Diputados reflejó tensiones internas en Morena y entre partidos de oposición, quienes cuestionan la legalidad y ética de permitir la reelección de magistrados electorales, argumentando que se contradice con los principios de la reforma judicial.
Impacto en la justicia electoral
La aprobación de esta reserva podría implicar que magistrados permanezcan en sus cargos hasta 17 años, lo que genera preocupación sobre la independencia y renovación en el Tribunal Electoral. La medida ha sido calificada como un retroceso que podría afectar la confianza ciudadana en la justicia electoral.
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