Internacional, 1 de julio de 2026.- El partido Morena reforzó sus reglas internas para evitar el nepotismo en la selección de candidatos para las gubernaturas de 2027. Sin embargo, varios perfiles con lazos familiares directos a gobernadores en funciones continúan activos en el proceso actual. Esta situación genera cuestionamientos sobre la efectividad real de las medidas de control.
El pasado 27 de junio, Morena cerró el registro de aspirantes a Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 17 estados del país. Este cargo suele anticipar las candidaturas oficiales para los comicios estatales. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reiteró que la dirigencia no tolerará el nepotismo. La funcionaria hizo énfasis en casos como el de Félix Salgado Macedonio y Ruth González Silva, quienes finalmente no participaron o enfrentan serias restricciones legales.
Los casos más polémicos en los estados
Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, es uno de los perfiles que causa mayor polémica. El aspirante dejó las filas de Morena para unirse al Partido del Trabajo (PT). A pesar de su postulación para la gubernatura, su tía rechazó públicamente el proyecto político. La gobernadora negó cualquier respaldo a su candidatura y calificó el cambio de partido como una traición.
Por otra parte, Verónica Díaz Robles también enfrenta señalamientos por posibles vínculos familiares en Zacatecas. La senadora con licencia es excuñada del actual gobernador David Monreal Ávila. Díaz negó que su antiguo parentesco influya en su aspiración legítima a la candidatura estatal. En contraste, Saúl Monreal, senador y hermano del mandatario estatal, pidió una investigación formal sobre la legalidad de dicha postulación.
Controversias y opacidad en el proceso interno
El proceso interno de Morena recibe críticas constantes de especialistas por la falta de transparencia y el adelantamiento de las precampañas. Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analizó la situación legal del partido. El experto señala que los partidos políticos tienen el derecho legal a autorregularse internamente. Sin embargo, el uso de encuestas para definir candidaturas antes de los tiempos oficiales establecidos genera una zona gris legal y ética.
Martín Reyes advierte que la falta de claridad sobre el financiamiento y los patrocinadores reales abre la puerta a prácticas corruptas. Además, este vacío normativo facilita la intromisión de influencias indebidas, incluyendo al crimen organizado. Por ello, el especialista propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) implemente regulaciones mucho más estrictas. También considera necesario reformar la democracia interna de los partidos para garantizar procesos transparentes y legítimos.
Finalmente, el analista de la UNAM critica el método de selección actual. El experto apunta que las candidaturas suelen definirse por dedazo o mediante encuestas poco reguladas. Este sistema sustituye a las elecciones primarias abiertas a la militancia, lo que limita la participación democrática real dentro de los partidos políticos en México.
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