Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados solicitó implementar estrategias urgentes para garantizar la fiscalización en territorios controlados por el crimen organizado. El objetivo principal es proteger a los auditores que realizan estas labores de campo. Asimismo, la propuesta busca evitar que los responsables del gasto público queden exentos de supervisión institucional.
El diputado federal Arturo Roberto Hernández Tapia propuso diseñar mecanismos específicos para el escenario actual. Estos instrumentos permitirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) operar en zonas de alta presencia criminal. De esta forma, el organismo podrá asegurar la transparencia en la revisión del uso de los recursos públicos. Además, el legislador pidió que los informes de fiscalización incluyan todos los juicios y resoluciones legales desfavorables. Con esta medida se evitará que las anomalías financieras se conozcan únicamente por vías externas.
Hernández Tapia también advirtió sobre la necesidad de respetar el principio de presunción de inocencia. Las autoridades deben proteger a los sujetos fiscalizados para evitar daños políticos o morales innecesarios. Muchas de las observaciones preliminares entran en un proceso legal y pueden ser solventadas a tiempo. Por ello, alertó sobre el riesgo de que la revisión presupuestal sea utilizada con fines políticos o de represalia.
En ese sentido, el legislador sugirió facultar formalmente a la ASF desde las primeras etapas. El organismo técnico podrá solicitar información clave y proteger a los servidores públicos de posibles venganzas políticas. Este resguardo resulta especialmente necesario cuando los funcionarios ya no se encuentran en funciones activas.
Denuncias penales por daño patrimonial en la cuenta 2024
En otro punto de la agenda, la ASF presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Las acciones legales responden a presuntas irregularidades en el ejercicio presupuestal de 2024. Los Auditores detectaron anomalías graves en municipios y entidades diversas. Por ejemplo, en Donato Guerra, Estado de México, el posible daño patrimonial supera los 181 millones de pesos debido a la falta de documentación justificativa del gasto.
De igual forma, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) enfrenta una investigación penal de la FGR. El organismo financiero reportó un probable daño al erario superior a los 103 millones de pesos. La indagatoria técnica derivó de pagos sin acreditar a proveedores estratégicos. También influyó la ausencia de controles internos adecuados para prevenir riesgos en la gestión de los recursos federales.
Fiscalización en estados con presunta colusión criminal
Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, destacó la importancia de una vigilancia extrema. El legislador exigió que la ASF supervise con especial atención el gasto federalizado en estados específicos. Recordó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a varias entidades como posibles narcogobiernos. La lista incluye directamente a Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y Sinaloa.
El legislador panista criticó severamente la primera entrega de la cuenta pública 2025. A su juicio, el informe se limitó a verificar la distribución formal de las participaciones federales. El documento técnico no evaluó el destino final o la comprobación real de los recursos. Esta omisión impide emitir un juicio certero sobre la eficiencia o transparencia del gasto público en los gobiernos estatales y municipales.
La revisión de la ASF evidenció que las entidades opacas no entregaron la documentación necesaria para justificar el uso de los recursos. Este panorama genera dudas profundas sobre la correcta administración pública actual. La fiscalización en zonas con control criminal representa un desafío logístico adicional para garantizar la rendición de cuentas y evitar desvíos que afecten directamente a la hacienda pública.
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