nacional, 17 de junio de 2026.- Documentos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena utilizó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar 252 mil pagos bajo el concepto de “apoyos sociales”. Este contrato estuvo vigente hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial en la que Claudia Sheinbaum resultó electa.
El acuerdo entre Morena y Finabien, firmado inicialmente en junio de 2022 y extendido hasta 2024, no fue reportado al Instituto Nacional Electoral (INE). Una auditoría interna detectó irregularidades en el cobro de comisiones, reintegros millonarios y omisiones en los controles para prevenir el lavado de dinero.
Según el reporte, Morena pagó 3.5 millones de pesos en comisiones a Finabien por la dispersión de los apoyos, con un cobro de 12 pesos más IVA por cada operación. Sin embargo, la auditoría reveló que solo se efectuaron 140 mil 878 de las 252 mil 901 operaciones contratadas, lo que derivó en reintegros por 1.6 millones de pesos.
Expertos consultados por MCCI indicaron que la dispersión de apoyos sociales no corresponde a funciones legales de los partidos políticos y puede constituir una ilegalidad.
Aunque en ese caso no se anuló la elección, la comparación resalta la importancia de la transparencia en el financiamiento político.
Auditoría detecta irregularidades en contrato con Finabien
La auditoría financiera realizada en 2025 por el Órgano Interno de Control de Finabien evidenció que el contrato con Morena estuvo sujeto a irregularidades en el cobro de comisiones y la falta de controles antilavado. Desde enero de 2023 se alertó sobre la necesidad de implementar protocolos de seguridad financiera, pero al cierre de la revisión no se presentaron evidencias de cumplimiento.
Implicaciones legales y electorales
De acuerdo con la legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos, la dispersión de apoyos sociales no es una atribución permitida, lo que pone en duda la legalidad del contrato. La falta de reporte al INE y la ausencia de transparencia en el origen y destino de los recursos afectan la equidad electoral y pueden vulnerar normas constitucionales.
Al cierre de esta publicación, el CEN de Morena no había respondido a los cuestionamientos sobre este reportaje.
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