Ciudad de México, 3 de septiembre de 2026.- Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó la nueva reforma judicial como un parche insuficiente para el sistema actual. Durante el primer aniversario del Observatorio de la Justicia, Laynez expresó que esta reforma es solo una “aspirina frente a un cáncer terminal”.
El exministro criticó que la propuesta de reducir de 40 a 20 los candidatos en las boletas para elegir jueces no resolverá el problema de fondo. Según Laynez, la ciudadanía no está interesada en este proceso y no debería ser la encargada de elegir a los juzgadores.
Además, explicó que los jueces y magistrados que se capacitan y adquieren experiencia deberán volver a competir en cada elección. Esto, dijo, carece de sentido, pues la competencia se basará más en campañas y simpatías que en méritos profesionales.
“En la siguiente elección voy a enfrentar a alguien que haga mejor campaña o que sea más simpático”, señaló Laynez, quien advirtió que los incentivos estarán en la popularidad y no en la capacidad judicial. Por ello, consideró que la reforma debe ser vigilada y evaluada continuamente.
Laynez también recordó la recomendación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a los países miembros para no seguir el modelo mexicano en la elección de jueces. Esto refuerza la idea de que la reforma actual es solo un paliativo y no una solución estructural.
Críticas al sistema de elección de jueces
El ministro en retiro enfatizó que mientras la elección de juzgadores siga siendo el eje central, no habrá manera de corregir las fallas del sistema judicial. La reducción en el número de candidatos no cambia la raíz del problema, que es la falta de interés y conocimiento de la ciudadanía sobre este proceso.
Impacto y seguimiento de la reforma judicial
Finalmente, Laynez insistió en la necesidad de dar seguimiento a esta reforma para evitar que se convierta en un mero paliativo. La experiencia y capacitación de los jueces deben ser valoradas por encima de campañas electorales, para garantizar un sistema judicial más eficiente y confiable.
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