
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó este martes de las acusaciones que Estados Unidos hizo contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La mandataria aclaró que ni ella ni su administración serán voceros de esas imputaciones y pidió que las autoridades correspondientes esclarezcan los hechos.
Marina del Pilar y las sanciones de Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a casi cincuenta personas y entidades relacionadas con el Cártel de Sinaloa, entre ellos Carlos Torres, exdiputado federal y local, así como exfuncionarios de Baja California. La lista incluye a líderes del cartel, lavadores de dinero y políticos que, según la OFAC, permiten la operación del grupo criminal cerca de la frontera con México.
Marina del Pilar afirmó desconocer los detalles de las acusaciones y reiteró que su gobierno ha combatido frontalmente a todos los grupos delictivos organizados. Sobre los señalamientos a exfuncionarios, la gobernadora se limitó a señalar que las investigaciones deben seguir su curso sin interferencias.
Entre los sancionados también están Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y asesor legislativo, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. El Departamento del Tesoro aseguró que la narcocorrupción ha alcanzado niveles altos en el gobierno estatal.
Respuesta de Carlos Torres y contexto legal
Carlos Torres Torres negó cualquier relación con actividades criminales dentro y fuera de México. Indicó que las acusaciones surgieron a partir de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025 y que hasta ahora no ha sido citado para aclarar los señalamientos.
El exdiputado anunció que iniciará gestiones ante las autoridades estadounidenses para esclarecer su inclusión en la lista de sancionados. Aseguró estar interesado en que se concluyan las diligencias para demostrar su inocencia.
La gobernadora Marina del Pilar no figura en la lista de sancionados. La situación mantiene la atención sobre la relación entre autoridades y grupos delictivos en Baja California, mientras las investigaciones continúan en ambos países.
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