Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que siente un precedente legal en los casos de ataques con ácido y sustancias corrosivas. La petición se da tras la aceptación del máximo tribunal para atraer los amparos promovidos por Juan Antonio Vera Carrizal y otros dos presuntos agresores.
Ríos explicó que la decisión fue adoptada el 19 de octubre de 2026 con los votos de seis ministros, incluido el presidente Hugo Aguilar y la ministra Loreta Ortiz, quienes respaldaron su solicitud para que la Corte ejerciera su facultad de atracción. Esta acción busca que se revise la etapa anulada del proceso judicial en Oaxaca, donde en 2024 un juez absolvió a Vera Carrizal, acusado del ataque con ácido.
La saxofonista denunció que el juez José Gabriel Ramírez Montaño fue señalado por presunta corrupción, luego de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, revelara un supuesto pago de 25 millones de pesos para favorecer al acusado. Esta situación llevó a que la jueza María Esteva anulara la audiencia oral y se reabriera el proceso.
María Elena Ríos también denunció que Vera Carrizal salió de prisión preventiva en diciembre de 2024 bajo el argumento de una enfermedad, pero el hospital privado donde supuestamente se encuentra se ha negado a entregar su expediente médico a la Fiscalía. Además, ha enfrentado agresiones y amenazas que la han obligado a cambiar de domicilio, mientras sus familiares sufren violencia comunitaria y digital.
Contexto y avances en el caso de María Elena Ríos
La Fiscalía General de la República solicitó a la SCJN resolver los amparos debido a la pérdida de confianza en las autoridades de Oaxaca. La defensa de Vera Carrizal intentó impedir que la Corte conociera el caso, pero sus solicitudes fueron desechadas. Si la Corte falla a favor de Ríos, se podría reponer la audiencia oral con perspectiva de género y un tribunal de tres jueces.
Ríos destacó que la llamada Ley Malena, que busca proteger a víctimas de ataques con ácido, ya fue legislada en 22 estados y espera que la propuesta de Ley General del Feminicidio homologue este delito a nivel nacional. Según datos preliminares, entre 2025 y octubre de 2026 se registraron 2 mil 400 casos de ataques y amenazas con ácido, cifra que podría ser mayor por la subregistro.
Impacto y llamado a autoridades federales
La saxofonista hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para atender la situación de violencia que enfrentan ella y su familia. A pesar de las denuncias presentadas, las agresiones continúan, y Ríos ha sido objeto de campañas de difamación que la vinculan con el crimen organizado.
María Elena Ríos afirmó que la resolución de la SCJN es crucial no solo para su caso, sino para sentar un precedente que proteja a otras mujeres víctimas de ataques con ácido en México.
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