En su primer día como consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde fijó una postura clara respecto a la situación legal que enfrenta el gobernador con licencia de Sinaloa. Ante los cuestionamientos sobre la aparente inacción de las autoridades mexicanas frente a las acusaciones emitidas por Estados Unidos, la funcionaria fue contundente al señalar que, por el momento, no existen los elementos necesarios para proceder con una detención inmediata. Esta declaración marca el inicio de su gestión bajo una línea de estricto apego a las formas legales vigentes.
La funcionaria federal explicó detalladamente que “no existen elementos para determinar la urgencia” en las solicitudes actuales que vinculan al mandatario local. Según la consejera jurídica de la Presidencia, cualquier medida cautelar o movimiento judicial debe estar debidamente sustentado en pruebas sólidas y no solo en señalamientos externos. Alcalde subrayó que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de analizar a fondo cada expediente antes de ejecutar acciones que comprometan la libertad de los ciudadanos, especialmente en casos de alto perfil.
Protección al debido proceso y legalidad
Uno de los puntos centrales en el discurso de la nueva titular jurídica fue la protección de las garantías individuales de todos los señalados en el expediente. Sobre el proceso legal contra Rubén Rocha Moya y otros ciudadanos mexicanos vinculados por autoridades estadounidenses con grupos delictivos, la consejera jurídica de la Presidencia enfatizó que es vital preservar el debido proceso y la presunción de inocencia. Estas figuras legales son la base del sistema de justicia actual y no pueden ser ignoradas por presiones políticas o mediáticas de otros países.
Alcalde aclaró que la solicitud enviada desde el extranjero no se encuentra fundamentada de manera suficiente para proceder de forma extraordinaria en territorio nacional. Al ser consultada sobre los tiempos de respuesta, la consejera jurídica de la Presidencia señaló que no hay un plazo definido para acreditar la urgencia en una solicitud de detención provisional. Esta precisión técnica busca calmar las expectativas sobre una resolución rápida y pone la responsabilidad del siguiente paso en la entrega de evidencias contundentes por parte de los requirentes.
Alternativas en el proceso de extradición
La funcionaria también abrió la puerta a que el gobierno de Estados Unidos opte por mecanismos más formales si desea avanzar de manera legítima en el caso. Mencionó que, más allá de las solicitudes de detención provisional, existe la vía de la solicitud formal de extradición, la cual conlleva un protocolo mucho más riguroso y transparente bajo tratados internacionales. Con este pronunciamiento, la consejera jurídica de la Presidencia marca una distancia institucional, asegurando que México no actuará de forma arbitraria sin que se cumplan todos los requisitos de ley.
