
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— México mantiene un nivel de gasto público superior a sus ingresos en un entorno de bajo crecimiento económico, situación que lo ha colocado entre los países de mayor déficit fiscal dentro de economías con grado de inversión similares, advirtieron especialistas consultados.
Analistas señalaron que, para recuperar una perspectiva estable de las principales agencias calificadoras, será necesario reducir el gasto, avanzar en la consolidación fiscal y disminuir el apoyo financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Actualmente, Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s mantienen una perspectiva negativa sobre la deuda soberana mexicana, mientras Fitch conserva la calificación más baja, en triple B- con perspectiva estable.
Los expertos alertaron que una eventual degradación implicaría un menor apetito por la deuda mexicana y mayores costos de financiamiento para el gobierno federal y empresas privadas.
Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), afirmó que México debe evitar repetir el caso de Brasil, país que perdió el grado de inversión en 2015 y no lo ha recuperado.
“Debemos mirarnos en el espejo de Brasil”, expresó el también exdirector de la oficina de S&P en México. Explicó que las calificadoras evalúan la capacidad de pago de la deuda de un país y que la nota triple B representa el nivel más bajo dentro de las calificaciones consideradas seguras. Por debajo de ella, la doble B corresponde a niveles especulativos de mayor riesgo.
Déficit bajo presión
Herrera Espinosa subrayó que México enfrenta una posición fiscal más débil que hace una década. Indicó que el déficit fiscal del país equivale actualmente a 4.38% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje superior al de otras economías con calificación similar, como Perú, con 2.8%; Filipinas, con 3.3%, y Uruguay, con 4%.
Añadió que, aunque naciones como Botswana e India presentan déficits más elevados, de 8.9% y 6%, mantienen tasas de crecimiento económico superiores a las de México.
“En 2018 México debía 10 billones de pesos y hoy son 20 billones. Nos hemos endeudado mucho”, sostuvo.
El dirigente del IMEF consideró que, para regresar a una perspectiva estable, el déficit debería ubicarse entre 3% y 3.5% del PIB. Sin embargo, estimó difícil de alcanzar debido al costo de los subsidios a combustibles en un escenario internacional adverso, marcado por el conflicto en Medio Oriente.
Además, recordó que Moody’s revisará nuevamente la nota crediticia de México en junio, evaluación que será observada por inversionistas y mercados financieros.
Marco Oviedo, estratega senior para América Latina en XP Investments, coincidió en que revertir una perspectiva negativa resulta complicado, sobre todo cuando se requieren cambios en la estructura.
“Si el gobierno no es más agresivo con los cambios estructurales, otras calificadoras podrían actuar también”, advirtió Oviedo.
Persisten riesgos
El especialista señaló que uno de los factores que más pesan en la evaluación es el bajo crecimiento económico. Explicó que la expansión de la economía mexicana probablemente quedará por debajo de la tendencia registrada antes de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, cuando el crecimiento anual rondaba entre 2.3% y 2.4%.
Oviedo añadió que tampoco se prevé un cambio importante en las expectativas de crecimiento debido a que la actual administración mantiene reformas, como la judicial, que generan incertidumbre entre inversionistas privados.
Indicó que una posible alternativa sería profundizar los recortes al gasto público, aunque la medida podría representar altos costos económicos y sociales.
Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, consideró que las calificadoras difícilmente mejorarán la perspectiva de México mientras persistan factores que debilitan la confianza institucional.
La analista señaló que sería necesario avanzar en la consolidación fiscal, ajustar el gasto público y reducir el respaldo financiero a Pemex. Además, opinó que revertir la reforma judicial podría incentivar una mayor participación de capital privado en proyectos de infraestructura y favorecer el crecimiento económico.
Finalmente, especialistas coincidieron en que la combinación de déficit elevado, bajo crecimiento y presiones externas mantiene bajo vigilancia la situación financiera del país, en un momento clave para conservar el grado de inversión.
















