La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado urgente para cambiar la estrategia frente al reporte de organismos internacionales sobre la seguridad en el país. En lugar de mantener una postura de confrontación, la legisladora sugirió que el Estado mexicano debe reconocer y aceptar el informe sobre las desapariciones forzadas de la ONU. Según su visión, este documento no debe verse como un ataque a la soberanía, sino como una herramienta de diagnóstico necesaria para enfrentar una emergencia nacional que afecta a miles de familias.
Para la representante del Poder Legislativo, el contenido que presentan las desapariciones forzadas de la ONU ofrece un análisis técnico que podría fortalecer las instituciones locales. Con cifras que superan las 132 mil personas desaparecidas y miles de fosas clandestinas detectadas, la prioridad debe ser aprovechar la experiencia internacional para mejorar los resultados en el campo. Ignorar estos datos, señaló, solo retrasa la llegada de soluciones efectivas para una crisis humanitaria que requiere de todas las capacidades institucionales disponibles, tanto nacionales como del exterior.
El papel del presupuesto ante las desapariciones forzadas de la ONU
Un punto clave en el discurso de la Cámara de Diputados es que la responsabilidad de atender las recomendaciones de las desapariciones forzadas de la ONU recae también en quienes aprueban las leyes y el dinero. Se enfatizó que, sin una asignación presupuestaria real, el esfuerzo por encontrar a los desaparecidos se queda únicamente en el discurso político. El Poder Legislativo tiene la capacidad de dotar de tecnología, personal capacitado y mejores herramientas operativas a las comisiones de búsqueda para que puedan cumplir con su labor de manera digna y eficiente.
Fortalecer las instituciones de búsqueda es la única forma de dar una respuesta sólida a lo que plantean las desapariciones forzadas de la ONU en sus informes periódicos. La falta de presupuesto afecta directamente la identificación de los más de 72 mil restos humanos que actualmente se encuentran en instalaciones forenses sin nombre ni apellido. Por ello, la propuesta legislativa busca que el dinero se convierta en tecnología de punta y en mayor capacidad operativa para que el Estado recupere su función principal de garantizar la seguridad y la justicia.
Reconocimiento a la labor de las madres buscadoras
La presidenta de la Cámara de Diputados también aprovechó para rendir un homenaje a los colectivos de familias que, ante la falta de respuesta institucional, han tomado las palas para buscar a sus seres queridos. Esta labor, que muchas veces es señalada en los reportes de desapariciones forzadas de la ONU, evidencia los huecos que el Estado ha dejado sin llenar. El reconocimiento a las madres buscadoras es un recordatorio de que la sociedad civil está haciendo un trabajo que debería ser responsabilidad total de las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
Finalmente, se insistió en que el gobierno debe dejar de lado las diferencias ideológicas con las desapariciones forzadas de la ONU para centrarse en el dolor de las familias. El uso del informe como un apoyo institucional permitiría crear puentes de confianza entre el gobierno, los organismos internacionales y los colectivos de búsqueda. Solo a través de una política de puertas abiertas y de inversión real en la materia, México podrá empezar a reducir las cifras de desaparecidos y ofrecer respuestas concretas a quienes llevan años esperando el regreso de sus familiares.
