Miami, Florida, 19 de octubre de 2026.- Una jueza de Miami firmó una orden de arresto contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles en 1996, que dejó cuatro muertos. La orden fue aprobada el viernes por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras una investigación estatal.
La medida judicial se basa en la acusación de conspiración para cometer asesinato en primer grado relacionada con el ataque del 24 de febrero de 1996 contra dos aeronaves de Hermanos al Rescate, organización civil con sede en Miami dedicada a vuelos de búsqueda y rescate de cubanos que intentaban abandonar la isla.
La investigación de Florida sostiene que Raúl Castro y otros implicados habrían acordado el ataque, y que una red de espionaje cubana operaba en Miami y Cayo Hueso para obtener información sobre los vuelos de Hermanos al Rescate. Esta información habría sido clave para planear el derribo.
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Detalles de la investigación y contexto del caso
Según documentos judiciales, semanas antes del ataque, los espías cubanos recomendaron no volar con Hermanos al Rescate entre el 24 y 27 de febrero de 1996. El 24 de febrero, aviones militares cubanos derribaron dos avionetas civiles, causando la muerte de cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal.
El gobierno cubano argumentó que las aeronaves ingresaron a su espacio aéreo, pero Estados Unidos y Naciones Unidas determinaron que el derribo ocurrió en aguas internacionales. La jurisdicción de Florida se fundamenta en la presencia de los presuntos espías en su territorio y la afectación a ciudadanos estadounidenses.
Implicaciones legales y próximos pasos
Esta orden estatal se suma a una acusación federal emitida en mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y otros cinco hombres por cargos similares. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para detallar los avances del caso.
Las autoridades deberán seguir el proceso judicial correspondiente para resolver las acusaciones. La existencia de la orden de arresto no implica una condena definitiva, sino que abre un nuevo frente legal contra el exmandatario cubano.
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