Internacional, 10 de septiembre de 2026.- Un juez de Bogotá ordenó ocultar temporalmente varias imágenes difundidas en las redes sociales oficiales de la Presidencia de Colombia. En ellas, el presidente Abelardo de la Espriella aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares recientes.
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá mientras se resuelve una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio. Este cuestionó la publicación de las imágenes por considerar que podrían vulnerar derechos fundamentales, especialmente los de niños, niñas y adolescentes.
La orden afecta publicaciones realizadas los días 2 y 4 de septiembre en Instagram, vinculadas a dos operaciones militares: Azarías, en Miraflores, Guaviare, y Centinela de la Patria, en Riohacha, La Guajira. En la primera, De la Espriella aparece entre bolsas con al menos 23 cuerpos de personas abatidas. En la segunda, el mandatario se mostró ante medios junto a cuatro cadáveres, entre ellos el de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
La Presidencia y el presidente tienen un plazo de dos días para presentar su defensa. El tribunal deberá determinar si la difusión de estas imágenes vulnera derechos constitucionales y decidirá sobre la acción de tutela. Por ahora, la orden solo implica ocultar temporalmente los contenidos en las cuentas oficiales.
Esta decisión judicial surge tras críticas de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Iris Marín, advirtió que el Estado no debe convertir la exhibición de la muerte en una herramienta para confrontar a grupos armados ni competir en crueldad. La discusión se centra en los límites éticos y legales para comunicar los resultados de operaciones militares y el respeto a la dignidad de las víctimas.
El caso también involucra a entidades como Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que participan en el análisis del impacto de la difusión de estas imágenes.
Medida cautelar y debate sobre derechos fundamentales
El juez no ha declarado ilegal la publicación ni ordenado su eliminación definitiva. La medida busca evitar la difusión mientras se evalúa si las imágenes pueden considerarse violentas o explícitas y si afectan derechos protegidos, especialmente de menores. Este proceso judicial pone en tensión la estrategia comunicativa del Gobierno con la obligación de respetar derechos humanos.
Implicaciones para la comunicación oficial en Colombia
La difusión de imágenes con cadáveres como parte de la propaganda oficial ha generado un debate sobre la ética y legalidad de esta práctica. La orden judicial limita provisionalmente esta estrategia y obliga a la Presidencia a reconsiderar cómo comunica sus operaciones militares. El siguiente paso será la resolución definitiva del juzgado sobre la tutela y las posibles consecuencias jurídicas.
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