Miami, Estados Unidos, 15 de julio de 2026.- Un juez federal en Estados Unidos ordenó al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a varios dirigentes chavistas pagar una indemnización de 314 millones de dólares tras una demanda civil por secuestro, tortura y terrorismo presentada por más de diez ciudadanos estadounidenses.
La decisión fue emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida y responsabiliza también a figuras como Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela; Vladimir Padrino, exministro de Defensa y actual ministro de Agricultura; y al empresario y exministro Alex Saab, detenido en Miami. La orden excluye a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a algunas entidades estatales como PDVSA y CVP.
Los demandantes, entre ellos Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, participaron en un intercambio de prisioneros en 2023 durante la administración del presidente Joe Biden, que facilitó la liberación de Alex Saab. La demanda original fue presentada en agosto de 2025 y reactivada en enero de este año tras la captura de Maduro en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo.
El juez Darrin P. Gayles fundamentó el fallo señalando que Maduro ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses para negociar la liberación de criminales venezolanos en Estados Unidos. Además, concluyó que el expresidente cometió actos de terrorismo internacional y que las acciones contra los demandantes violaron leyes penales federales y estatales.
Este proceso civil se desarrolla en paralelo al juicio penal que Maduro enfrenta en Nueva York por narcotráfico, en el que también está detenida su esposa, Cilia Flores. Por su parte, Alex Saab continúa en Miami enfrentando cargos por lavado de dinero, acusado de ser testaferro de Maduro.
Contexto y alcance del fallo judicial
La demanda invoca la Ley Federal Antiterrorismo, la Ley Antiterrorismo de Florida y la Ley RICO, que combate organizaciones criminales. El fallo representa un avance significativo en las acciones legales contra el chavismo en tribunales estadounidenses, apuntando a responsabilizar a altos funcionarios y exfuncionarios por violaciones graves a derechos humanos y actividades ilícitas.
Implicaciones para la política venezolana
La exclusión de Delcy Rodríguez y otras figuras del pago indica una diferenciación judicial en la responsabilidad dentro del régimen venezolano. El caso también refleja la creciente presión internacional y judicial sobre el gobierno de Maduro, en medio de un contexto de tensión política y sanciones económicas.
El seguimiento de este caso será clave para evaluar el impacto en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, así como en la situación interna de Venezuela, donde la justicia internacional busca incidir en la rendición de cuentas por delitos graves.
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